Una zancadilla pone a prueba la institucionalidad del CNE ecuatoriano


CNEUna crisis de credibilidad es lo que vive -desde este viernes- el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, luego que la directiva recién nombrada fuera prácticamente impulsada a abandonar sus cargos, debido a la sorpresiva renuncia de una de las Consejeras por tener afiliación política.

El CNE transitó ocho días con una directiva -presidida por Paul Salazar- que puso en la palestra la necesidad de llevar adelante una reforma integral del Código de la Democracia. Sin embargo, en lo que parece una jugada político-partidista, la recién incorporada consejera Gloria Toapanta renunció, ya que es militante del partido Alianza País, lo que la limita a ejercer el cargo.

Aunque el abandono de la consejería no debió alterar la composición de la directiva, tanto Salazar y el vicepresidente Mauricio Tayupanta decidieron poner a la orden del resto de los miembros del CNE los cargos para los que fueron nombrados, mientras se llenaba la vacante dejada por Toapanta. La situación, lejos de resolverse de forma transparente y apegada a las normas, devino en un proceso que ya cuenta con recursos legales en contra, pues al tiempo que se ocupó el cargo de manera sospechosa, se nombraron nuevas autoridades.

La reseña de los medios de comunicación muestra que tres personas se consideraron aptas para ocupar la vacante: Solanda Goyes y Mónica Rodríguez, ambas suplentes desinadas en el concurso realizado -en diciembre pasado- por el Consejo de Participación Ciudadana y en el cual resultó ganadora Toapanda. Además Ana Marcela Paredes, primera suplente del proceso de 2011, también solicitó su incorporación.

Según el artículo 20 del Código de la Democracia (CD), la renuncia de un consejero principal será llenada con el suplente del mayor puntaje del concurso que lo eligió, en este caso el realizado en 2014.

Atendiendo a esto, Goyes, que obtuvo 88 puntos en el concurso del año pasado reclamó ser la primera suplente, pero los consejeros del CNE -con el voto salvado de Salazar-, votaron a favor de Paredes, quien salió electa suplente en 2011 con 77.75 puntos. La afectada solicitará una acción de protección y actuará contra el nombramiento.

Vistos los hechos, la entrada de Paredes abrió el paso al nombramiento de Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís, quienes fueron designados presidente y vicepresidenta del CNE respectivamente. Tras la situación, diversas personalidades, entre los que se encuentra el ex miembro del CNE, Fausto Camacho, fustigaron que varias instituciones del Estado se unieran para contravenir la ley, y este último anunció que ejercerá una acción legal.

Aunque Pozo se defendió de las críticas asegurando que el CNE “no es un consejo de repartos”, el ente ahora enfrenta una crisis institucional que pone en peligro no solo el futuro del organismo, sino las garantías electorales del país, pues Ecuador está inmerso en un proceso de modernización del sufragio, al encontrarse evaluando la tecnología que permitirá automatizar el voto.

La fragilidad institucional del CNE puede ser el obstáculo no solo del desarrollo electoral, sino de la preservación del sufragio. Es el turno de las instancias jurisdiccionales de activar los mecanismos que permitan conjurar lo que a todas luces se ve como una zancadilla política.

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