Llueven críticas por costo del voto manual en México

Foto: Pixabay

En 2018, los mexicanos vivirán la elección más grande de su historia cuando realicen simultáneamente tres comicios federales y 30 locales. A pesar de la complejidad del proceso lo que está generando más reacciones contrarias es el gasto estimado para los comicios.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, admitió que pedirán 25,4 mil millones de pesos, el presupuesto “más alto de la historia”. Córdova justificó el monto aduciendo que del total, 18 mil 256 millones de pesos serán para el gasto operativo del organismo, y 6 mil 788 millones de pesos serán para el financiamiento a los partidos políticos y candidatos independientes.

Atendiendo la demanda de recursos, los analistas calculan que el voto por cada mexicano tendrá un costo de 245 pesos, que representan unos 12,5 dólares, mientras el INE lo cifra en 205 pesos, es decir 10,75 dólares. En ambos casos, el monto convierte al sufragio manual de esta nación en uno de los más caros del mundo, pese a que el nivel de tecnificación no mejorará al seguir siendo manual.

Las principales críticas pasan por la cuantiosa suma de recursos que asignará el INE a los partidos políticos, así como que la relación costo de la elección y confiabilidad de los resultados no se corresponde con el sacrificio fiscal que supone la inversión.

Al valorar las apreciaciones sobre el presupuesto electoral en México, vale acotar la Encuesta Global de Costos de Elecciones, desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, donde se advierte que el menor costo comicial -entre $1 y $3- lo tienen países con democracias consolidadas como Australia y algunos estados de Estados Unidos. Por otro lado, naciones con voto automatizado como Venezuela y Brasil invierten entre $3 y $3,5 respectivamente.

México se sitúa así dentro del grupo de democracias con sistemas manuales de votación, que tienden a tener un gasto por elector más elevado.

A la luz de estas cifras los actores políticos y especialistas en la materia deberían depurar el debate. En lugar de concentrarse en cuestionar el financiamiento de los partidos, resultaría propicio abrir la discusión sobre la necesidad de modernizar el voto.

La experiencia indica que aunque la automatización del sufragio requiera inversiones importantes durante la adopción de la tecnología, el empleo de la misma supone un ahorro en el mediano y largo plazo, ya que el gasto posterior a la inversión inicial se concentra en mantenimiento y actualizaciones. A México le queda un largo camino por recorrer, pero las próximas elecciones pueden ser un punto de partida.

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Credibilidad electoral venezolana en picada por una Constituyente

Venezuela cuenta con voto 100% automatizado.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio en Venezuela rompió drásticamente con la dinámica electoral que se venía construyendo en ese país desde 2004, fecha en la que automatizó el voto.

Desde la forma en que se convocó a la elección de una segunda ANC -la primera se concretó en 1999- hasta el momento en que se ofrecieron los resultados, la elección recibió cuestionamientos de expertos y políticos dentro y fuera de la nación.

Para algunos la misma convocatoria fue ilegal, ya que la realizó directamente el presidente Nicolás Maduro, y sin que se efectuara un referéndum para preguntar a la nación si deseaba una nueva constitución.

Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó un calendario electoral que impedía realizar muchas de las auditorías que venían haciéndose en todas las elecciones desde 2004. Al saltarse dos tercios de la batería de 21 auditorías que se realizaban normalmente, la credibilidad de los comicios se vio seriamente afectada. En este sentido, el Observatorio  Electoral Venezolano (OEV) dejó constancia de las faltas, en un informe donde detalla que se omitieron 14 auditorías y se dejaron de hacer 70 de 100 diligencias previas a cualquier elección.

Aunado a esta realidad, los problemas se vieron agravados por la decisión de la oposición venezolana de no participar en las elecciones, pues restó una de las partes vitales para garantizar la transparencia del proceso: que las fuerzas antagonistas garanticen con sus testigos, que se respeten las reglas y procedimientos.

Las enormes preocupaciones por la forma como el CNE decidió llevar adelante esta votación, alcanzó su punto crítico 72 horas después de finalizada la jornada, debido a que Smartmatic, la empresa que por 14 años ha proporcionado la tecnología electoral a Venezuela, denunció que de acuerdo a sus estimaciones, “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Según la trasnacional, mientras la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señaló que habían votado 8,08 millones de personas, sus datos proyectan un número diferente por lo que sugirió realizar auditorías para validar la información.

A la fecha, el CNE no ha respondido de manera eficiente a la denuncia, pues optó por escudarse en un discurso político, cuando la situación reclamaba argumentos técnicos. Incluso la duda ganó terreno, pues pasadas varias semanas, el organismo no ha publicado los resultados electorales mesa por mesa, como tradicionalmente se venía haciendo desde 2004, impidiendo conocer el comportamiento de todos los circuitos, y evitando que se pueda comprobar la información para dilucidar su veracidad.

La decisión del CNE de ocultar la data electoral impide la auditabilidad del escrutinio, al no poderse corroborar el dato del conteo, contrastando las actas impresas con los resultados de las mesas.

De manera, que a las denuncias de la supuesta manipulación del dato final ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se une que más de 30 días después, siguen sin publicarse los resultados del escrutinio al detalle.

Lo delicado de esta situación, ha sido abordado por especialistas nacionales e internacionales. La ex representante del Centro Carter, Jennifer McCoy, anticipa que lo ocurrido “influirá fuertemente en la confianza de los venezolanos en participar en futuras elecciones”.

Queda entonces en manos de las autoridades restituir los procesos de Ley, y en los actores políticos la obligación de presionar para que el derecho de los venezolanos a recuperar el sistema de votación que exigió años de trabajo e inversión sea recuperado.

Reforma política colombiana da un primer paso hacia el voto y registro electrónico

Con mas 32mil millones que costaron las consultas internas de partidos a nivel nacional y 491.687 personas aptas para votar en cucuta, muy poca fue la gente que acudio a los 185 puestos de votacion habilitados. (foto: La Opinion – Schneyder Mendoza)

Más de un mes y nueve sesiones le tomó a la Comisión Primera de la Cámara colombiana votar la reforma política, que es uno de los puntos más álgidos del acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a los reportes, a la plenaria de la cámara pasó un proyecto que contempla modificaciones importantes al ecosistema electoral colombiano.

El documento entregado, mantuvo el alcance del artículo 15, donde no solo se exalta el voto como un derecho y un deber ciudadano, sino que se acuerda que “la ley establecerá estímulos y acciones pedagógicas para promover su ejercicio”, y además que se cumplan sus principales características, que sea universal, directo y secreto, “sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos”.

En ese sentido, el texto que será abordado por la plenaria de la Cámara ratifica el anhelo de Colombia de modernizar sus procesos electorales mediante la automatización del voto. El parágrafo 2º estipula que “se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones”, mientras el parágrafo 3º indica que se establecerá el mecanismo de inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior.

Además la norma abarca reglas para la creación de partidos, la nueva organización electoral y el financiamiento de las campañas. A la par fue aprobado el registro de proveedores de servicios en campaña, la prohibición de la contratación de transporte para el día de elecciones y eventos masivos, la declaración pública de los particulares que hagan aportes a las campañas y la sanción penal para los candidatos, gerentes de campaña y directivos de los partidos cuando se violen las reglas.

Con la aprobación del proyecto, el país rompe el silencio que mantenía desde 2016 sobre la modernización del sistema de votación. Hasta esa fecha se trabajó de manera intermitente con una comisión asesora para la implementación de la tecnología, llegándose incluso a lanzar una convocatoria internacional que fue respondida por 16 empresas para delinear una prueba piloto de sufragio automatizado.

A pesar que este parece ser un importante paso hacia una mayor integridad electoral, cabe recordar, que la lucha colombiana por modernizar el sufragio se ha detenido en variadas ocasiones. Esperemos que este nuevo ímpetu la lleve a dejar atrás un sistema que ha perjudicado la transparencia de los procesos electorales en demasiadas oportunidades.