Los vicios y fallas del voto manual incendian Honduras

Foto: Estrategia & Negocios

El domingo 26 de noviembre Honduras realizó elecciones generales. Lamentablemente, tras nueve días de conteo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha podido proclamar al vencedor debido a múltiples fallas en el procesamiento de los votos.

En vista de la escasa entre los dos candidatos más votados (1,5% del padrón), y a la luz de la gran cantidad de denuncias de fraudes e irregularidades (inconsistencias numéricas en las y carga errada del escrutinio), el TSE está llevando a cabo un reconteo que ha dilatado más de una semana el proceso y ha provocado un terremoto político.

Este episodio pone al desnudo, una vez más, la obsolescencia del sistema electoral hondureño, y deja en evidencia cómo el voto manual puede retrasar la publicación de resultados y afectar la credibilidad de las instituciones.

Para peores males, la violencia se apoderó de muchas regiones del país, lo que llevó a las autoridades a declarar un toque de queda. Muertes, saqueos, quema de vehículos, desordenes y otras formas de protesta se prolongaron durante días, agravando los pronósticos sobre la estabilidad de la democracia hondureña.

Secuencia de eventos infortunados

El mal desempeño del escrutinio manual se vivió desde las primeras horas del proceso, cuando el Tribunal Supremo Electoral anunció que no podría comunicar el resultado del conteo porque la información de la que disponía no era suficiente. Acto seguido, dos de los candidatos – el presidente Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla– se dieron como ganadores, y los problemas no pararon.

Los primeros datos se ofrecieron casi 48 horas después de los comicios, luego de un lento cómputo de menos de 60% de las papeletas que lejos de aclarar el panorama, enrareció el proceso.

En los días siguientes se registraron diversas situaciones que aumentaron las dudas. Por ejemplo, tras el primer boletín en el que el opositor Nasralla aventajaba en casi cinco puntos a Hernández, la página del TSE dejó de actualizarse por casi 36 horas y a las pocas horas cuando volvió a estar en línea, el resultado se había revertido.

Seguidamente otro fallo técnico del portal del Tribunal Electoral volvió a suspender la publicación de resultados, y desde allí la desconfianza fue total para el candidato que está en segundo lugar, los grupos que lo apoyan, y buena parte del electorado.

Nasralla acusa al partido de Gobierno de haber cometido fraude, y asegura que 5 mil 173 actas son la prueba de las irregularidades que le están arrebatando el triunfo. Para explicar la forma de cómo fue alterado el escrutinio, pidió audiencia con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta petición abre un nuevo episodio en Honduras. Las elecciones terminaron y el escrutinio también, pero el proceso comicial sigue en proceso, a la espera de que el vencedor sea proclamado.

Por ahora el TSE defiende el modelo de votación, pero hay que recordar que hace unos meses estalló un escándalo que dejó mal parado el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede), el primero se encarga de transmitir, vía telefónica, a un centro de cómputo el resultado del conteo manual, y el segundo permite el escaneo y transmisión de actas electorales a través de internet.

Ambos modelos tecnológicos vienen usándose desde hace varios años, el Trep desde 2009 y el Siade desde 2012, con diversos problemas y generando desconfianza, pero este año se supo del origen de los contratos suscritos por el TSE con empresas como Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, que violan las mínimas normas y garantías en la entrega de contratos públicos.

Ante las denuncias, y lo ocurrido tras las generales del 26 de noviembre, es evidente que en Honduras la transparencia en el manejo del sistema electoral es precaria. El país enfrenta un momento decisivo: o se encamina a depurar los procesos y transforma el modelo de votación, o terminará afectando sin remedio la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.

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Escándalo daña a República Dominicana en su intento de automatizar el escrutinio

Foto: eldia.com.do

Lo que fue un reclamo generalizado tanto en República Dominicana, como fuera del país, finalmente tuvo que ser reconocido por la Junta Central Electoral (JCE): en las elecciones generales de 2016 ocurrieron fallas que alteraron el conteo electrónico, y que además suponen un daño patrimonial y una afectación institucional, cuyas proporciones aún se desconocen.

En esos comicios, la JCE contrató a la española Indra Sistemas para proveer tecnología de identificación biométrica y escrutinio automatizado. Los resultados fueron claramente negativos, al presentarse inconvenientes técnicos y de funcionamiento, tanto en los equipos para captar la huella dactilar de los votantes, como en las máquinas para contar los sufragios. La falta de experiencia de la empresa en ambas tareas, y la precaria labor del ente comicial pasaron factura.

En este blog hemos reiterado que el éxito de todo proyecto de automatización electoral comienza con un proceso de selección transparente y basado en lo técnico. Cuando la política quiere pesar más que lo técnico, suceden estos problemas.

El informe de la JCE es demoledor. Acusa que fue “evidente  la  improvisación,  la  falta  de  control y  la  carencia  de  un  plan  de  trabajo  integrado  a  un  plan estratégico  y  al  calendario  electoral”, puesto que se pactó un contrato -al que se le hicieron ampliaciones- por US$40 millones, que dejó equipos entregado en plazos que impidieron capacitar al personal y probar su efectividad, compras que no estaban en la previsión oficial, y lo más delicado, la adquisición de hardware y software que no sirvieron para lo que fueron comprados.

Algunos ejemplos de lo reseñado por la Dirección de Informática de la Junta, dan cuenta de un “bajo  desempeño” de las máquinas, tanto en los simulacros como el día de las elecciones, al punto que la solución no leyó  adecuadamente la  lectura de la selección en la boleta y “la transmisión de datos en las pruebas no superó 74% de Colegios Electorales”, mientras que en los comicios alcanzó a solo 64%.

En el caso del hardware se detallan problemas como que en las máquinas de biometría las baterías no funcionaron correctamente; los puertos USB de las unidades de escrutinio fallaron, así como su botón de encendido.

A la postre, todos los problemas dejaron “un total de 796 colegios a los que se le sustituyó algún valor”, es decir que hubo inconsistencia entre el acta de escrutinio automatizado y la arrojada por el conteo manual,  un diferencial de 9 mil 222 votos.

Numerosas voces se unieron pidiendo una investigación exhaustiva de la JCE, y además exigiendo que las herramientas de Indra no sean nuevamente usadas. Este planteamiento está sustentado en el informe del ente, el cual recomienda: “no hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro y conteo de voto automatizado” comprados a la empresa española.

El paso en falso dado por República Dominicana solo puede ser atribuido a las autoridades encargadas de cerrar acuerdos y pactar compras, y a la empresa que licitó para ofrecer un servicio que no estaba en capacidad de brindar. El Frente Amplio de Lucha Popular calificó de estafa el contrato y solicitó que sean enjuiciados los responsables.

Este escandaloso resultado evidencia que la Junta Electoral echó por la borda la confianza ciudadana, ya que la credibilidad de su gestión se perdió, y con ella la del sistema. Además lo hecho supone la malversación de cuantiosos recursos públicos que serán muy difíciles, sino imposibles de recuperar, cuando pudieron ser usados para entregarle al país un modelo de votación que no solo automatizara apenas unas etapas del proceso, sino que tecnificara y blindara toda la elección.