El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.
De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.
El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.
El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.
Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación de resultados definitivos.
Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos. Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.
A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.
