El Salvador suspende modernización electoral

El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.

El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.

Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación  de resultados definitivos.

Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos.  Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.

A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.

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Ecuador acude a las urnas nuevamente

12,8 millones de ecuatorianos están llamados a votar este 19 de febrero para elegir un nuevo Presidente de la República, 137 integrantes de la Asamblea Nacional y cinco miembros del Parlamento Andino.

Durante meses el país debatió y cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de preferir aceptar la “donación” de 2 mil equipos para usar en el escrutinio y divulgación de resultados.

Hasta el día de hoy, y luego de tres simulacros realizados durante la preparación de la elección, las autoridades se han limitado a destacar que el sistema está preparado, pero no han ofrecido mayores detalles sobre cómo funcionaron los escáneres que ayudarán a contabilizar la voluntad popular.

Ante la falta de información, es bueno recordar los pasos críticos que deberá enfrentar Ecuador, y de los cuales dependerá la estabilidad política e institucional.

En principio está el conteo rápido, que no es otra cosa que los resultados preliminares de la votación. Durante estos comicios, el CNE se estrenará en la realización de este proceso, que se basará en la selección de una muestra aleatoria -entre 25% y 30%-  de Juntas Receptoras del Voto, donde se sumarán los sufragios que reflejen las actas, y para lo que fueron entrenadas 9.617 personas en todo el país. Además otras 650, operarán el call center que atenderá los reportes de este escrutinio a los fines de ser divulgado pocas horas después del cierre de las mesas.

El segundo esquema que demanda atención será el escaneo de actas electorales. El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó que cuando termine la votación, los miembros de las juntas receptoras iniciarán el conteo y llenado de actas de escrutinio, las cuales serán entregadas en un sobre sellado al policía recolector para que las lleve al área de escaneo, donde será digitalizadas y enviadas a través de un sistema informático para ser puestas en línea, y permitir que sean divulgadas a la población.

Aunque el mecanismo pueda parecer diligente, en realidad el propio Pozo ha informado que la previsión oficial es entregar resultados definitivos cinco días después de las elecciones, en vista que el país se conformó con entregar resultados preliminares el mismo día de la votación, y usar unos equipos que no mejoran el modelo, pues solo permiten escanear y transmitir actas.

El próximo domingo se sabrá si bastaron las aproximaciones estadísticas que generan los conteos rápidos o si por el contrario, el electorado y el clima político del país reclaman resultados oficiales con celeridad. En ese momento, será cuando la falta de un mecanismo expedito de procesamiento de votos como el voto electrónico se hará evidente. Las cartas están echadas. Solo queda esperar.