Observatorio Electoral Venezolano cuestiona transparencia de presidenciales venezolanas

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) emitió recientemente un informe de 50 páginas en el que asegura que las garantías para celebrar unas votaciones limpias, libres y justas se han deteriorado en los dos últimos procesos comiciales – las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en julio 2017 y las regionales de octubre del mismo año. Para la OEV lo mismo ocurrirá en 2018.

En el caso de la Constituyente, el proceso rompió con la dinámica electoral que se venía construyendo en Venezuela desde 2004 -fecha en la que se automatizó el voto- ya que las formas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cuestionadas por expertos y políticos dentro y fuera de la nación, mientras que Smartmatic, la empresa que por 14 años le proporcionó la tecnología electoral, denunció que el CNE anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema automatizado de votación.

A su vez, en los comicios de gobernadores se cometieron muchas irregularidades –todas para beneficiar a un sector político. El Observatorio Electoral inventarió las anomalías detectadas antes del día de la elección y durante la votación, mientras que el CNE al tiempo que retrasó la entrega de resultados en el estado Bolívar, anunció un escrutinio que evidenció, por primera vez desde que se automatizó el sufragio, inconsistencias numéricas en mesas, producto de la carga de actas de forma manual demostrando la manipulación del ente electoral. Smartmatic aclaró que no suministró ningún producto o servicio para esta jornada. Tampoco participó en esta nueva elección.

Con estos dos antecedentes en la mira, el OEV analizó el proceso de organización de la jornada de este domingo, encontrando que todas las etapas, desde la convocatoria hasta el inicio y desarrollo de la campaña, han estado marcadas por acortamiento de los lapsos, violaciones a la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su reglamento, por ejemplo con la eliminación de fases que en comicios previos, como las presidenciales de 2012 y parlamentarias de 2015, llevaron semanas, pero que ahora en 2018 apenas consumieron días.

“El OEV ha acumulado suficientes evidencias para señalar que se trata de un evento marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos políticos de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido drásticamente limitados por las reglas del juego impuestas por el árbitro electoral”, asevera en el documento.

Al detallar las irregularidades detectadas, la ONG destaca un cúmulo de acciones previas a las elecciones y durante su planificación que patentan las faltas de imparcialidad y transparencia de estos comicios:

  1. Inhabilitación de candidatos.
  2. Ilegalización de partidos políticos.
  3. Restricciones en la inscripción tanto dentro como fuera del país en el Registro Electoral.
  4. Aceptación de candidatos por cuenta propia y por grupos de electores para los cuales luce prácticamente imposible que hayan cumplido con los requisitos de ley para participar como elegibles.
  5. Convocatoria que irrespetó la tradición de efectuar la elección en diciembre.
  6. Eliminación de actividades del cronograma, entre las que están el catastro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional.
  7. Acortamiento de los lapsos para las postulaciones, fase que fue resumida a 16 actividades que se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días.
  8. En el caso de las circunscripciones para consejos legislativos, se saltaron la aprobación de las estimaciones de población que debe hacer la Asamblea Nacional y aumentaron el número de diputados en siete estados.
  9. Incumplimiento en lapso de impugnaciones.
  10. Campaña electoral recortada de 96 días en 2012 a 26 en 2018.
  11. Eliminación de las auditorías del software del Sistema de Información al Elector y la de certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación. El primero permite guiar al elector hasta la mesa de votación donde le corresponde sufragar y el segundo mecanismo elabora en tiempo real reportes estadísticos de participación sobre la base de los electores esperados y los efectivamente registrados.

Reseñadas algunas de las fallas e ilegalidades, el OEV advierte que “las acciones y decisiones adoptadas en el transcurso del ciclo electoral no están apegadas a la legislación, lo que ha permitido al órgano de administración electoral a modificar con discrecionalidad, y cuantas veces lo requiera, el período electoral y sus distintas etapas”.

Añade que “marcan peligrosos precedentes los últimos procesos comiciales que han quebrado principios fundamentales del voto y estándares establecidos para que una elección pueda calificarse como democrática: que sea periódica, inclusiva, limpia, competitiva y que permita que los ganadores puedan ejercer el cargo para el que fueron electos. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido en los últimos eventos”, y ahora se repiten en 2018.

Con lo dicho por el Observatorio y las críticas que se acumulan a escala internacional, la preparación de la elección del 20 de mayo evidencia sin lugar a dudas que Venezuela, por decisión de sus autoridades electorales, dejó las buenas prácticas por las que era reconocida, para dar paso a comicios totalmente supeditados al poder político.

El costo de echar por la borda una de las mejores experiencias de automatización electoral en el mundo está por verse, pero desde ya se anticipa que la desconfianza ciudadana podría dar al traste con el valor del voto como principal activo de la Democracia en esa nación.

 

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Una proclamación con sabor a derrota

Este 18 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras finalmente proclamó a Juan Hernández como presidente de esta nación. Lamentablemente, habiendo transcurrido 20 días para el procesamiento de los resultados, y tras una serie de irregularidades ocurridas,  ni electores ni observadores electorales entiendan los resultados como legítimos.

Era de esperarse. Una elección que inició con tantos problemas no podía terminar de otra forma. Cinco meses antes de los comicios –celebrados el 26 de noviembre- estalló un escándalo que empañó la credibilidad del organismo electoral, pues cuatro de las empresas encargadas de llevar adelante etapas claves de la elección, comenzaron a ser investigadas por irregularidades en la contratación.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que en las contrataciones de las empresas Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, todas relacionadas al manejo del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede), se violentaron las normas de transparencia y legalidad en contrataciones públicas.

A la fecha se conocen irregularidades tales como que el propietario de Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, tiene vinculaciones con un partido político local. Por otro lado, el contrato del Trep –el sistema que transmite vía telefónica a un centro de cómputo el resultado del conteo manual- le fue otorgado de manera directa a una empresa que tan solo tenía un mes de constituida, lo que evidencia que no tiene experiencia previa.

Además, Mapa Soluciones no estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado, no contaba con los permisos municipales, y dos excoordinadores y exasesores del TSE, hoy en día son empleados de la compañía.

Varias  de estas ilegalidades se repitieron en otras empresas, por lo que las mismas fueron suspendidas y sustituidas sin los tiempos necesarios para cumplir con los principios de transparencia y experticia que demandaba las elecciones generales de noviembre pasado.

Esta situación devino es semanas de incertidumbre por la falta de resultados electorales, lo que además provocó protestas, muertes y violencia política.

Recientemente la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe donde asegura que no tiene certeza de los resultados por la falta de garantías y transparencia, así como el grueso número de irregularidades, errores y problemas del sistema.

El organismo multilateral advirtió que el Siede “no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada”.

El TSE respondió diciendo que realizó una auditoría de más de cinco mil actas que arrojaron que Hernández ganó por una diferencia de 1,53%, pero la OEA alertó que los objetivos de la revisión “no se cumplieron ni en forma ni en fondo”.

La evidente incapacidad del TSE de garantizar la voluntad popular afectó el proceso, y lo que es peor, lesionó la credibilidad institucional y la del sistema de votación.

Ante esto, la proclamación del nuevo presidente hondureño, en lugar de representar un triunfo para el país y las democracias latinoamericanas, dejó fue un sabor a derrota.

Los vicios y fallas del voto manual incendian Honduras

Foto: Estrategia & Negocios

El domingo 26 de noviembre Honduras realizó elecciones generales. Lamentablemente, tras nueve días de conteo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha podido proclamar al vencedor debido a múltiples fallas en el procesamiento de los votos.

En vista de la escasa entre los dos candidatos más votados (1,5% del padrón), y a la luz de la gran cantidad de denuncias de fraudes e irregularidades (inconsistencias numéricas en las y carga errada del escrutinio), el TSE está llevando a cabo un reconteo que ha dilatado más de una semana el proceso y ha provocado un terremoto político.

Este episodio pone al desnudo, una vez más, la obsolescencia del sistema electoral hondureño, y deja en evidencia cómo el voto manual puede retrasar la publicación de resultados y afectar la credibilidad de las instituciones.

Para peores males, la violencia se apoderó de muchas regiones del país, lo que llevó a las autoridades a declarar un toque de queda. Muertes, saqueos, quema de vehículos, desordenes y otras formas de protesta se prolongaron durante días, agravando los pronósticos sobre la estabilidad de la democracia hondureña.

Secuencia de eventos infortunados

El mal desempeño del escrutinio manual se vivió desde las primeras horas del proceso, cuando el Tribunal Supremo Electoral anunció que no podría comunicar el resultado del conteo porque la información de la que disponía no era suficiente. Acto seguido, dos de los candidatos – el presidente Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla– se dieron como ganadores, y los problemas no pararon.

Los primeros datos se ofrecieron casi 48 horas después de los comicios, luego de un lento cómputo de menos de 60% de las papeletas que lejos de aclarar el panorama, enrareció el proceso.

En los días siguientes se registraron diversas situaciones que aumentaron las dudas. Por ejemplo, tras el primer boletín en el que el opositor Nasralla aventajaba en casi cinco puntos a Hernández, la página del TSE dejó de actualizarse por casi 36 horas y a las pocas horas cuando volvió a estar en línea, el resultado se había revertido.

Seguidamente otro fallo técnico del portal del Tribunal Electoral volvió a suspender la publicación de resultados, y desde allí la desconfianza fue total para el candidato que está en segundo lugar, los grupos que lo apoyan, y buena parte del electorado.

Nasralla acusa al partido de Gobierno de haber cometido fraude, y asegura que 5 mil 173 actas son la prueba de las irregularidades que le están arrebatando el triunfo. Para explicar la forma de cómo fue alterado el escrutinio, pidió audiencia con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta petición abre un nuevo episodio en Honduras. Las elecciones terminaron y el escrutinio también, pero el proceso comicial sigue en proceso, a la espera de que el vencedor sea proclamado.

Por ahora el TSE defiende el modelo de votación, pero hay que recordar que hace unos meses estalló un escándalo que dejó mal parado el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede), el primero se encarga de transmitir, vía telefónica, a un centro de cómputo el resultado del conteo manual, y el segundo permite el escaneo y transmisión de actas electorales a través de internet.

Ambos modelos tecnológicos vienen usándose desde hace varios años, el Trep desde 2009 y el Siade desde 2012, con diversos problemas y generando desconfianza, pero este año se supo del origen de los contratos suscritos por el TSE con empresas como Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, que violan las mínimas normas y garantías en la entrega de contratos públicos.

Ante las denuncias, y lo ocurrido tras las generales del 26 de noviembre, es evidente que en Honduras la transparencia en el manejo del sistema electoral es precaria. El país enfrenta un momento decisivo: o se encamina a depurar los procesos y transforma el modelo de votación, o terminará afectando sin remedio la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.