Colombia con mucho que mejorar en materia electoral

Foto: El País

Colombia votó este 11 de marzo para elegir Senadores y representantes a la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022. Los comicios ampliamente reseñados como los más pacíficos en años, dejaron un balance que debe ser considerado para futuras elecciones, incluidas las presidenciales que se efectuarán el 27 de mayo.

En principio, a 20 días de la votación, resulta contraproducente que los colombianos sigan sin conocer el escrutinio definitivo de las elecciones. En este país los anuncios realizados la noche de la votación corresponden a un conteo no oficial. Este preconteo es de carácter informativo y carece de validez frente a la totalización oficial que se divulga semanas después.

Aunque en muchas ocasiones este retraso ha minado la confianza ciudadana, es poco lo que Colombia pueda hacer mientras mantenga un modelo de voto manual que impide agilizar y asegurar un escrutinio transparente al cierre de la elección.

Otro punto a destacar de la reciente jornada, fue la inédita falta de tarjetones para las consultas interpartidistas. Las dos tendencias que disputaron las candidaturas presidenciales denunciaron cómo en diferentes localidades del país, sus seguidores no pudieron ejercer el derecho al sufragio.

La gravedad de la situación fue atendida improvisadamente por la Registraduría. La máxima autoridad del ente, Juan Carlos Galindo, achacó los faltantes al bajo presupuesto -solo se imprimieron 15 millones de tarjetones para cada consulta, cuando los electores convocados superaban los 36 millones-, pero el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo negó al decir que “este año se destinó 76 % más de dinero del que se giró hace cuatro años”.

Independientemente de las razones esgrimidas por el ente comicial, la realidad es que un número indeterminado de electores no pudo participar en las consultas internas de los partidos, lo que supone una violación a los derechos de estos votantes.

Estos dos elementos claves en el proceso del 11 de marzo, fueron aludidos en el informe de la Misión de Observación Electoral, instancia que además destacó varios aspectos “preocupantes” de la elección:

1.- El alza de de reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades electorales (1.521), mientras en las pasadas elecciones del Congreso en 2014 sumaron 1.001.

2.- Compra y venta de votos.

3.- Constreñimiento al elector.

4.- Desconocimiento de los procedimientos por parte de los jurados de votación.

5.- La decisión de separar las dos consultas partidistas en sendos tarjetones, pues la misma puso en riesgo el derecho de Habeas Data de los Ciudadanos, es decir, la confidencialidad de las preferencias electorales de los votantes.

Algunos de los hechos ocurridos el pasado 11 de marzo no son nuevos. En el pasado Colombia ha admitido los problemas que presenta su modelo de voto manual, pero es poco lo que ha hecho para superarlos. Por ejemplo, en marzo de 2012, conformó una comisión asesora para la implementación del voto electrónico que fue reglamentado hace años, sin embargo, más de un lustro después, mantiene en el congelador la salida que le ofrece la tecnología.

 

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El riesgo de fraude amenaza la credibilidad electoral colombiana

Colombia dispone de un voto manual que según los expertos facilita el fraude (Foto: www.elpais.com.co)

Colombia dispone de un voto manual que según los expertos facilita el fraude (Foto: http://www.elpais.com.co)

A pocos días de las elecciones regionales en Colombia -programadas para el 25 de octubre- no hay sector que no reclame o denuncie el riesgo de fraude en que existe en estos comicios. Viejos y nuevos vicios parecen estar combinándose para poner en jaque la credibilidad institucional y la seguridad del sistema.

La denuncia de fraude más reciente fue develada por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que se vio obligado a anular 1 millón 605 mil 099 cédulas, debido al peligro de trashumancia comicial (inscripción fraudulenta de documentos de identidad para sufragar en un lugar distinto al que se reside). La decisión se dio apenas 20 días antes de las elecciones.

Uno de los periódicos de mayor trayectoria en la nación, La Vanguardia, aprovechó este hecho para inventariar en una editorial la larga lista de acciones fraudulentas a las que están sometidas las jornadas electorales, siendo algunas estas: la violencia política, la manipulación en la inscripción de cédulas, mora en la entrega de documentos electorales, manejo irregular de sábanas electorales, timos en las planillas de votos en blanco, tarjetas sin marcar reasignadas a determinados candidatos, adulteración de actas, preconteo y retraso en la entrega de resultados.

El rotativo sentenció que ante “la degradación de las elecciones”, el propio Vicefiscal General de la Nación sostuvo que “no hay un pueblo de Colombia en el que no haya sospechas”.

La revista Semana también realizó un programa donde voces de todas las tendencias y áreas confluyeron en torno a una interrogante:¿Por qué sigue siendo tan difícil hacer política honesta en Colombia?. El representante ante la Cámara, Eloy Quintero, criticó que “algo falla y no se hacen las grandes reformas que hay que hacer. Esos temas no se tocan en el Congreso”.

Los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierten que la transparencia electoral en 487 municipios —de las 1.101 jurisdicciones que tiene Colombia— está en riesgo, con lo cual casi la mitad de los ayuntamientos están en peligro de fraude.

Frente a la suerte de hecatombe comicial, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló que “más que los temas de violencia, que se siguen manteniendo en algunas regiones del país, (…) el tema de la corrupción y el intento de candidatos o campañas de no seguir las reglas del juego, terminan generando mayor riesgo”. De acuerdo a esta organización, la posibilidad de fraude pasó de 328 municipios en 2007 a 487 en 2015.

Es así como Colombia acudirá a las urnas bajo un estado general de sospecha que complica unas ya de por sí difíciles elecciones. Se espera que participen 113.426 candidatos, disputándose 32 gobernaciones, más de mil alcaldías y cientos de cargos a concejales y miembros de asambleas departamentales y juntas administradoras.

Esta nación ha admitido los problemas que presenta su modelo de voto manual y en marzo de 2012 conformó una comisión asesora para la implementación del voto electrónico que ya fue reglamentado. Sin embargo, mantiene en el congelador la salida que le ofrece la tecnología. Lamentablemente el tiempo se le agota.