Una proclamación con sabor a derrota

Este 18 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras finalmente proclamó a Juan Hernández como presidente de esta nación. Lamentablemente, habiendo transcurrido 20 días para el procesamiento de los resultados, y tras una serie de irregularidades ocurridas,  ni electores ni observadores electorales entiendan los resultados como legítimos.

Era de esperarse. Una elección que inició con tantos problemas no podía terminar de otra forma. Cinco meses antes de los comicios –celebrados el 26 de noviembre- estalló un escándalo que empañó la credibilidad del organismo electoral, pues cuatro de las empresas encargadas de llevar adelante etapas claves de la elección, comenzaron a ser investigadas por irregularidades en la contratación.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que en las contrataciones de las empresas Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, todas relacionadas al manejo del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede), se violentaron las normas de transparencia y legalidad en contrataciones públicas.

A la fecha se conocen irregularidades tales como que el propietario de Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, tiene vinculaciones con un partido político local. Por otro lado, el contrato del Trep –el sistema que transmite vía telefónica a un centro de cómputo el resultado del conteo manual- le fue otorgado de manera directa a una empresa que tan solo tenía un mes de constituida, lo que evidencia que no tiene experiencia previa.

Además, Mapa Soluciones no estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado, no contaba con los permisos municipales, y dos excoordinadores y exasesores del TSE, hoy en día son empleados de la compañía.

Varias  de estas ilegalidades se repitieron en otras empresas, por lo que las mismas fueron suspendidas y sustituidas sin los tiempos necesarios para cumplir con los principios de transparencia y experticia que demandaba las elecciones generales de noviembre pasado.

Esta situación devino es semanas de incertidumbre por la falta de resultados electorales, lo que además provocó protestas, muertes y violencia política.

Recientemente la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe donde asegura que no tiene certeza de los resultados por la falta de garantías y transparencia, así como el grueso número de irregularidades, errores y problemas del sistema.

El organismo multilateral advirtió que el Siede “no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada”.

El TSE respondió diciendo que realizó una auditoría de más de cinco mil actas que arrojaron que Hernández ganó por una diferencia de 1,53%, pero la OEA alertó que los objetivos de la revisión “no se cumplieron ni en forma ni en fondo”.

La evidente incapacidad del TSE de garantizar la voluntad popular afectó el proceso, y lo que es peor, lesionó la credibilidad institucional y la del sistema de votación.

Ante esto, la proclamación del nuevo presidente hondureño, en lugar de representar un triunfo para el país y las democracias latinoamericanas, dejó fue un sabor a derrota.

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TSE busca imponer agenda sobre tecnología electoral en Bolivia

La tecnología puede aplicarse a todas las fases de los comicios. Foto: El Espectador.

El último proceso electoral en Bolivia, el referendo constitucional sobre la reelección presidencial de febrero de 2016, evidenció la necesidad de que el país transite hacia un modelo de votación que no lo mantenga en vilo a falta de resultados oportunos y transparentes.

Con este objetivo en la mira, la recién electa presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, anunció que en su renovada gestión buscará imponer en la agenda del organismo, avanzar en la adopción de tecnología para mejorar el sistema.

Actualmente el país utiliza dos métodos para conocer los resultados. “Uno es la transmisión rápida de datos que procesa actas fotografiadas y subidas a la página en internet del Tribunal, y el otro es un cómputo oficial de votos en cada departamento, con base en las actas físicas que pasan por un mecanismo de validación”, explicó.

Sin embargo, ninguno de estos procesos permitió el año pasado entregar un escrutinio oficial al cierre de la jornada, por lo que el país debió conformarse con los datos de las encuestas a boca de urna.

Para superar estas falencias, Uriona dijo que se encuentran analizando la eventual implementación del sufragio automatizado para los bolivianos residentes en el exterior. Específicamente evalúan la factibilidad técnica y de costos del voto electrónico, así como la reforma legal que requiere un proyecto de este tipo, para ir dando forma a lo que sería el primer modelo automatizado de sufragio para esta nación.

En ese marco, el TSE admitió que en el último proceso electoral, el equipo de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó algunas irregularidades y generó un informe con recomendaciones que están a la espera, pero según Uriona será discutido a los fines de definir un cronograma de implementación.

El texto precisa que “la misión constató lentitud en la publicación de resultados”, por lo que sugirió “realizar los cambios legislativos y aplicar los programas necesarios para que la autoridad pueda dar a conocer los resultados preliminares de la elección con alto grado de exactitud y evitar cuestionamientos”.

Los vicios mostrados durante los últimos procesos electorales parecen indicar que ya no hay margen para el titubeo o indecisión en Bolivia. El TSE ha dicho que el país está preparado para asumir el reto tecnológico, ahora debe demostrar que también hay compromiso.

 

Las inquietudes de cara a las elecciones ecuatorianas

ecuadorEn menos de un mes Ecuador realizará elecciones generales. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de desistir transitar la vía segura y transparente para la adquisición y adopción de tecnología, ha puesto bajo los reflectores el desempeño del nuevo sistema para escanear las actas de votación y transmitir resultados.

El organismo declaró desiertas las dos licitaciones en las que buscaba adquirir “el servicio de transmisión de datos entre el CNE y los 1.818 Recintos de Transmisión y Publicación (Rtpa), para la transmisión de datos mediante el escaneo de actas”, y optó por aceptar una donación.

De manera que el 19 de febrero, cuando 12,8 millones de ecuatorianos están llamados a elegir al nuevo Presidente del país, a los 137 parlamentarios de la Asamblea Nacional y a los cinco legisladores al Parlamento Andino, la nación no contará con un mecanismo de escaneo de actas que responda a los estándares  de implementación tecnológica electoral, sino que usará 2 mil equipos coreanos para la digitalización y transmisión de las actas de escrutinio cedidos por la nación asiática, la cual también proveerá el software y la capacitación necesaria.

Atendiendo a esta dinámica, el CNE realizó un primer simulacro para medir la efectividad del sistema, así como el diseño del nuevo biombo-urna que emplearán los ecuatorianos. Mientras las autoridades se mostraron conformes con los resultados de las pruebas, los actores políticos han manifestado dudas que incluso ya fueron elevadas a los observadores internacionales.

La delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país recibió las quejas de los partidos políticos, las cuales ya fueron expuestas al ente comicial. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien forma parte del equipo que atestigua el proceso, refirió que las inquietudes están relacionadas al padrón electoral, el sistema informático y los escáneres que se utilizarán para la transmisión de los resultados.

A la fecha, es poca la información que se ha divulgado sobre el funcionamiento de estos equipos. Se espera que en la prueba del 5 de febrero se pueda comprobar que la decisión del CNE de aceptar la donación de un material crítico, como son los escáneres de las actas de resultados, no le saldrá cara al país.

Ya en 2014, Ecuador sufrió un retraso de casi un mes para dar resultados oficiales, debido a la fallida gestión de la empresa española Scytl. Ahora, ha decido depender de una tecnología donada, y no adquirida en un proceso transparente y ajustado a las necesidades del país.