Empadronamiento de bolivianos en el exterior será biométrico

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, acordaron fortalecer el proceso de empadronamiento de los nacionales residentes en el exterior. En una primera fase a ser aplicada en cuatro países, se empleará tecnología biométrica. Aquí la reseña.

 

 

firmaron este miércoles un convenio, para fortalecer el empadronamiento permanente de ciudadanos bolivianos en el exterior.

El documento, que en realidad es una adenda a un pacto anterior, fue firmado por la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, y el canciller Diego Pary.

El canciller explicó que con este acuerdo de cooperación se pretende beneficiar a todos los bolivianos que encuentran en el exterior, para que participen de procesos electorales.

Choque, por su parte, explicó que en un primer periodo se realizará registros biométricos en Argentina (Buenos Aires, La Matanza, Mendoza y Jujuy), Brasil (Sao Paulo), Chile (Antofagasta, Calama e Iquique) y España (Barcelona, Madrid y Bilbao).

Indicó que se contratará a 21 personas para llevar adelante ese trabajo.

En mayo de este año se promulgó la Ley 1066, que dispone el empadronamiento permanente en el exterior. Dicha norma generó polémica porque permite la modalidad de voto electrónico afuera del país.

Anuncios

Inmigrantes mexicanos temerosos de compartir información personal

En pleno proceso de registro de los inmigrantes de Ciudad de México para participar en las elecciones de este año, las autoridades electorales han admitido que los nacionales residentes en el exterior sienten temor de que la información entregada al momento de empadronarse sea compartida con los países donde residen, pero los organismos oficiales aseguran que ni antes ni ahora los datos de los electores han sido ventilados. Esta es la reseña.

La protección del Registro Electoral debe ser una prioridad

El Registro Electoral es uno de los insumos críticos en cualquier elección, pues de este depende el cumplimiento de principios básicos como que cada ciudadano que cumpla los requisitos de Ley esté habilitado para votar, pero también que cada persona que esté fuera de la  norma no forme parte del padrón de votantes.

Atendiendo a los riesgos que reviste la recolección o inscripción de ciudadanos, así como la protección de esta información, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por su sigla en inglés) ha anunciado que diseñará una herramienta que permita a los organismos comiciales mejorar la seguridad digital de sus registros e impedir así la violación de la privacidad de estos datos.

IFES promueve esta iniciativa basándose en las recientes filtraciones de información de los registros de votantes de los estados de Arizona e Ilionis en los Estados Unidos. Según la prensa local, las bases de datos comprometidas por hackers contenían “información personalmente identificable (EPI)”, es decir, nombres, direcciones, información biométrica e identidad de género de los electores.

Otros casos de filtración de esta data se dieron en Turquía y México. En el primer país fue hackeada la data de 50 millones de ciudadanos, al ser colgado en la red 1,5 gigabytes de archivos comprimidos que contenían información sobre el número de identidad, cumpleaños y direcciones de estas personas; mientras en el país latinoamericano, el registro de todos los mexicanos que pueden votar -93,4 millones de electores- fue también divulgada en internet.

La Fundación de Sistemas Electorales señaló que esta información “debe ser protegida a través de sólidas medidas de seguridad de datos”, por lo que trabajará en “realizar un análisis en profundidad de las prácticas de seguridad digital del organismo de gestión electoral y desarrollar una herramienta de diagnóstico para ayudar a los organismos electorales a mejorar su seguridad en la red”.

Por ahora adelanta que los entes electorales deben hacer de la seguridad digital una prioridad absoluta. Considera que compartir datos que incluyan la información que contiene el Registro Electoral “debe tener protocolos más fuertes para la transferencia segura y garantizar el anonimato de los individuos”.

También recomendó actualizar las leyes de privacidad de datos; y que las autoridades gubernamentales orienten más recursos a comprender la relación entre los datos abiertos y la privacidad digital, incluida la información sobre los votantes.