Irregularidades en el conteo marcan elecciones mexicanas

México vivió elecciones en seis estados este 4 de junio. Lamentablemente, tanto el conteo rápido utilizado para ofrecer resultados no oficiales oportunamente, como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tuvieron serios problemas. Además la totalización avanza con mucha lentitud y varios estados continúan en vilo a espera de los resultados.

El conteo rápido es un procedimiento estadístico para estimar la tendencia de los resultados al cierre de las mesas, por lo que la data no es oficial. Por su parte, el PREP es el mecanismo para divulgar las actas de votación, luego de que son escaneadas para publicarse en un sitio web.

Los ejemplos más negativos de la jornada son los estados de Coahuila y México, pues se han dado situaciones como el abandono del conteo por parte de actores políticos y demandas de fraude.

En el caso de Coahuila, todos los partidos de oposición, incluido el PAN denuncian irregularidades. Esta última organización abandonó el proceso de escrutinio y anunció que prepara una acción legal contra la votación, a la espera de la repetición de los comicios, ya que estima que 20% de las urnas de votación fueron violentados. Además, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció que el PREP solo contabilizó 72% de las actas.

Ante las fallas y la sospecha, Gabriela León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), reaccionó -tras cuatro días de las elecciones y aún sin resultados definitivos- diciendo “que no hay condiciones para anular las elecciones”, pues se están contando todas las casillas, voto a voto.

Mientras en Coahuila la tensión se acrecienta, en el estado de México se dieron situaciones que vuelven a mostrar las debilidades del voto manual de este país.

A cuatro días de los comicios, sigue sin completarse el escrutinio, mientras que el Instituto Electoral del estado de México autorizó recontar 17% de las casillas, es decir, 3 mil 189 de 18 mil 605 instaladas, por las inconsistencias detectadas.

A su vez, el partido Morena, cuya aspirante a la gobernación, Delfina Gómez Álvarez, va de segunda en el conteo, ha impugnado los resultados al considerar que el PREP presentó anomalías, y señalamientos de fraude acompañan todas las intervenciones públicas.

El meollo del problema es que Morena asegura que existen inconsistencias entre los votos reflejados en las actas de los colegios electorales y los que han sido reportados en el PREP. Esta situación cobra mayor relevancia cuando se considera que la diferencia entre los dos aspirantes a la gobernación es menos de 3%.

Fallos como las que se han presentado en estas elecciones se han vivido en México en otras elecciones. Siempre las autoridades prometen mejoras o señalan que pese a las dificultades el sistema funciona.

Sin embargo, este país tiene la tarea pendiente de entregar a sus electores un modelo de votación que permita exactitud, respeto al voto popular y rapidez. Para lograrlo, debe darle luz verde a la tecnología, no aquella que renueva los errores, como el PREP, sino una robusta que lo haga superar el atraso electoral.

 

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A falta de opciones, en México repiten con el conteo rápido y el Prep

Foto: bambapolitica.blogspot.com

Este 4 junio, seis estados de México irán a las urnas, en lo que se ha estimado serán las elecciones que marquen el camino a las presidenciales de 2018. Los diferentes organismos comiciales de estas regiones han asegurado estar preparados para atender los millones de votantes que elegirán gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.

De cara a este proceso, se hace válido revisar el sistema electoral de este país norteamericano. La trayectoria de su voto manual no ha tenido pocos tropiezos, caso los comicios parlamentarios de 2015, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a anunciar el recuento de votos más grande de su historia, 60% de las casillas instaladas.

De esas elecciones han pasado dos años, pero los mexicanos no tuvieron opción sino seguir usando el mismo voto manual, que implica aceptar el conteo rápido, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), ante la imposibilidad de modernizar el voto por la falta de voluntad política. Se requiere una reforma legal y además asignar presupuesto. Y todo esto pasa por la voluntad política.

La primera aproximación al escrutinio en México depende del conteo rápido. El Instituto Nacional Electoral los define como el procedimiento estadístico para estimar la tendencia de los resultados que será difundida al poco tiempo de cerrar las mesas, en otras palabras, es la presentación extraoficial del cómputo de sufragios, en un tiempo prudencial, después de terminado el proceso.

Este mecanismo ha sido una suerte de “solución” en los países que no usan tecnología para escrutar los votos, que busca menguar la incertidumbre ciudadana a las principales falencias de la votación manual: retardo en la entrega de los resultados oficiales, manipulación de actas e inconsistencias en el escrutinio.

Por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México -que junto a Coahuila, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala cumplirá elecciones este domingo- ha anunciado que tras varios simulacros, tanto el conteo rápido como el Prep están preparados para la elección. Sin embargo, a la luz de la “rapidez extraoficial” de los resultados del pre-conteo, la misma muestra un desempeño aceptable en algunos escenarios, pero graves problemas de orden logístico y procedimental que atentan contra su razón de ser.

Por otra parte, en estas regiones también se usará el Prep, mecanismo mediante el cual se divulgan las actas de votación, luego de ser captadas (escaneadas) y transmitidas a los entes comiciales de acopio, los cuales se encargan de publicarlas en un sitio web. En este caso, la data también es preliminar, ya que de acuerdo a la ley, el cómputo de los resultados debe ser realizado manualmente.

Al revisarse el proceso, es evidente que México aunque quiso avanzar probando ciertas herramientas como los escáneres para divulgar las actas de votación, le ha dado largas a la modernización de su sistema, pues durante años la realización de pilotos o la reforma que permita automatizar son diferidas. Este año, se prorrogó para el 2018 automatizar o probar un modelo para los nacionales residentes en el exterior.

México se sigue acercando al momento donde tendrá que decidir si permanece enquistado en un obsoleto sistema de votación manual o da un mayor protagonismo a la tecnología electoral, la cual es la única vía que le va a permitir facilitar el sufragio, blindarlo del fraude y garantizar la entrega de resultados seguros y oficiales de forma expedita.

 

 

Exactitud y rapidez electoral, una tarea pendiente en México

México debió recontar  60% de las casillas durante elecciones federales.

México debió recontar 60% de las casillas durante elecciones federales.

México acudió a las urnas –este 7 de junio- y tras cerrarse la votación hubo sorpresas: en vez de ofrecer resultados, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a anunciar el recuento de votos más grande de su historia, en 60% de las casillas instaladas.

Desafortunadamente, en algunos estados, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) sufrió retrasos debido a los procesos coordinados por el INE. La falta de capacitación que impartió el organismo a los funcionarios de casilla que, por primera vez, debieron contar los votos de tres elecciones en una sola casilla generó un fuerte retraso en la entrega de las actas a los centros de digitalización. Debió transcurrir una semana para conocer el cómputo definitivo de votos.

A pesar de que las autoridades celebraron la participación del 48% del padrón electoral, las preocupaciones por el sistema electoral se hicieron sentir luego que el organismo admitiera que aprobó revisar la votación de más de 88 mil mesas, en algunos casos de manera parcial y en otras, de manera total.

El reporte interno de los recuentos mostró que de las 88.444 casillas que se abrieron, en 22.963 la diferencia entre el primero y segundo lugar era inferior al número de votos anulados. Además, en 48.057 casos se procedió a verificar el conteo porque el número de votos no coincidió con el número de votantes; mientras 9.929 de las casillas simplemente no tenían acta. Todo esto demuestra una capacitación muy deficiente de los funcionarios de casilla, pero sobre todo, demuestra que el voto manual trae consigo grandes desventajas tanto para el elector, como para quien cuenta los votos.

No debería sorprender que el transporte de miles de actas a los cientos de centros de consolidación y procesamiento de resultados se convierta en una tarea engorrosa. Estos problemas logísticos que tuvo el INE y que afectaron al Programa de Resultados Preliminares, que no es otra cosa que un conteo no oficial de votos que se efectúa y divulga el mismo día de las elecciones, causaron confusión y desconfianza en la población.

Toda esta situación obligó a las autoridades a extender el escrutinio oficial por siete días. No fue sino hasta el 14 de junio cuando finalmente se entregaron los resultados electorales definitivos.

Lo descrito anteriormente no deja lugar a dudas de que México está en una encrucijada: permanecer enquistado en un obsoleto sistema de votación manual o dar un mayor protagonismo a la tecnología electoral. La adopción de un modelo automatizado –de escrutinio o votación-, no solo execraría el doble conteo y eliminaría todos estos problemas, pues la totalización sería rápida y exacta; sino que suprimiría los resultados preliminares, y permitiría a las autoridades anunciar ganadores oficiales a tan solo horas de cerrarse la votación.

México sabe que debe avanzar, y por ello realizó durante esta jornada un piloto de voto electrónico que pone al país frente a la posibilidad de superar el atraso electoral y equipararse a otros países de la región con dilatada y exitosa experiencia en automatización, como Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, su aplicación no solo requerirá la disposición de las autoridades –reforma legal y asignación de presupuesto- sino de la presión de los actores políticos y grupos civiles, pues la defensa del voto, es una empresa que debe ser asumida por todos.