Paraguay incluye el voto electrónico en su agenda de reforma electoral

Foto: Radio Panamá

Paraguay adelanta una reforma electoral para modernizar su sufragio, sumándose así a países de la región como Guatemala y Honduras que están trabajando modificaciones de su normativa comicial.

A comienzos de mes los actores políticos y sociedad civil organizada se sentaron a dialogar con el Gobierno para establecer la que puede ser la agenda que permita la transformación del sistema de votación.

El temario que está siendo debatido abarca materias como el desbloqueo de listas -suprimir el uso del método D’Hont-, la integración de las mesas y el uso de la tecnología electoral, voto electrónico y el registro biométrico de electores.

Aún es prematuro estimar qué decidirán las fuerzas políticas y civiles sobre el futuro comicial de Paraguay -se espera que la reforma entre en vigencia para los comicios municipales de 2020- sin embargo es imperativo hacer ver que el país requiere avanzar para mejorar la percepción del electorado, ya que la última cita con las urnas dejó dudas y temores.

En abril pasado, los paraguayos asistieron a unas elecciones generales para renovar más de 300 cargos en todos los ámbitos del poder: ejecutivo, legislativo, regional y local, pero los resultados cerrados trajeron denuncias de fraude que hoy siguen afectando la credibilidad no solo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), sino del Gobierno electo en esos comicios.

Estas situaciones son las que se quieren superar adoptando un modelo de voto electrónico que genere confianza y se adapte a las necesidades del país. Actualmente Paraguay usa sufragio manual, y dispone de un mecanismo denominado Trasmisión Digital de Actas de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se basa en la digitalización de las actas de votación, que son enviadas a través de internet para ser difundidas en tiempo real.

Los resultados del TREP son preliminares, y por ende extraoficiales. En 2013 este mecanismo colapsó generando problemas de confianza en el conteo, mientras este año no fue de ayuda para aliviar la incertidumbre dejada por una escrutinio muy reñido.

En su momento, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) indicó que existió una buena administración de las elecciones de abril, pero advirtió que las mismas se desarrollaron en un “contexto de debilidad institucional”.

Esta dinámica electoral es la que Paraguay debe superar, junto a los problemas y vicios del voto manual. El debate sobre la reforma legal se presenta como la ocasión ideal y el momento propicio -a dos años de los próximos comicios- para darle un mayor protagonismo al uso de la tecnología, por ser la única vía que le va a permitirá facilitar el sufragio, blindarlo del fraude y garantizar la entrega de resultados seguros y oficiales de forma expedita.

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Paraguay también impulsa una reforma electoral

Paraguay se cuenta entre los países de la región que evalúan llevar adelante una reforma electoral. El artículo que le dejamos a continuación analiza todas las aristas que suponen este debate. El camino apenas comienza para esta nación, pero ya comenzó a ser recorrido. Aquí la reseña.

La reforma electoral española continúa en espera

Foto: Europa Press

Desde hace más de un año España adelanta la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Aunque se esperaba que la subcomisión nombrada para avanzar en los cambios presentara un plan de trabajo en este 2018, nuevamente se anunció la extensión del proceso por otros seis meses.

Si bien la presencia de todos los actores políticos ha garantizado la pluralidad que exige el debate dentro de la subcomisión, esta no ha rendido frutos de cara a la ciudadanía, la cual deberá seguir esperando para contar con una normativa que dé paso a la modernización del sistema de votación.

A la fecha, el equipo ha ventilado que la derogación del voto rogado  –el elector debe comunicar previamente su voluntad de votar- para los electores residentes en el extranjero, el voto electrónico y el sufragio en el exterior han sido los temas que han sido mencionados, pero que aún se está lejos de empezar el debate de propuestas y recomendaciones.

Lo complejo de las temáticas no ha ayudado a que se inicie una discusión. De hecho, ya algunas voces anticipan que España solo conseguirá en el corto plazo suprimir el voto rogado, pero incluso con este tema nada está garantizado, ya que todo el rechazo que esta condición del voto impuso no asegura su eliminación.

En el caso del voto electrónico, España acumula años debatiendo su aplicación, y ha tenido numerosos ensayos -siendo el primero en 1995 y el último en las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida en 2011-, pero hasta ahora ninguna comunidad autonómica ha conseguido poner en marcha una elección automatizada, ni tampoco en los últimos meses se ha insistido sobre la materia.

Ya serán dos años desde que los catalanes reclamaron la falta de legislación que rija la participación política de los emigrantes, así como la ausencia de un mecanismo tecnológico que erradique las dificultades que reviste organizar comicios fuera del territorio nacional.

Más recientemente, la Junta Electoral Central habló sobre la necesidad de rescatar los derechos políticos de los residentes en el exterior, mediante un proyecto de voto electrónico.

Lo dicho se hace eco de los reclamos recurrentes de los electores en el extranjero, pues usualmente hay obstáculos de orden técnico y logístico que frenan el ejercicio democrático. Algunos de estos son la recepción de material electoral erróneo en las representaciones diplomáticas o la ubicación distante de los centros electorales, que suelen ser consulados o embajadas. También enfrentan dificultades para registrarse y validar su condición de votantes, principalmente por la exigencia de algunas naciones de tener residencia legal o por temor a revelar su estatus migratorio.

Ante esta realidad, España tiene frente a sí una buena oportunidad de abrir la puerta a un cambio. Con éste no sólo viabilizaría la participación política de todos sus ciudadanos sino que dejaría servida la mesa para que el país seleccione el modelo de votación electrónica más seguro y efectivo para toda la República.