Escrutinio provisorio en Argentina desata polémica

Foto: El Independiente

En Argentina, en pleno proceso de preparación para las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (Paso) de agosto próximo, ha estallado lo que algunas autoridades, políticos y ciudadanos han calificado de escándalo: el otorgamiento del “escrutinio provisorio” a una empresa señalada de hechos irregulares.

Se trata de Indra, la compañía española que suma varios años adelantando el conteo electoral provisional en esa nación, y que ahora se encuentra sumida en varios sonados problemas judiciales.

La sede matriz de la empresa en España fue allanada por el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Además, la justicia de Brasil prohibió a su brazo tecnológico en ese país contratar con la administración pública.

En Argentina han llovido las críticas por la forma en que se configuró un proceso licitatorio que no permitió a sus competidores hacerle sombra.

Según reportan medios locales, el otorgamiento del contrato estuvo rodeado por una serie de sucesos dudosos como que el director de Indra, Ricardo Viaggio, es un ex empleado del Grupo Macri. Además, el proceso de selección fue delegado al Correo Argentino, y no al Ministerio del Interior o de la Dirección Nacional Electoral, el cual también regenta un ex gerente vinculado al Gobierno, Jorge Irigoin.

Más allá del presunto tráfico de influencias, además se denuncia el retraso con el que se convocó a la licitación, -a menos de dos meses de las primarias-  con lo cual cualquier otro ofertante no dispondría del tiempo para ajustarse a las exigencias del proceso, sino sólo Indra que ya ha hecho el escrutinio provisorio.

La Cámara Electoral Nacional además de cuestionar la selección de la compañía y el procedimiento empleado, criticó que el conteo esté bajo control del Poder Ejecutivo y sin participación de la justicia nacional. Por su parte, la ONG Transparencia Electoral exigió que se auditara el cómputo de los sufragios ante las irregularidades mostradas por la contratación de la empresa española.

La revisión de lo sucedido, muestra que el Poder Ejecutivo de Argentina, lejos de querer replicar las mejores prácticas de automatización, donde ninguna garantía sobra, han optado por dejar que priven intereses ajenos a la preservación del voto.

Al darle la espalda a una licitación apegada a los más elevados estándares, se hecho un grave daño a la credibilidad electoral.

Habrá que esperar para conocer las consecuencias de lo hecho en Argentina, pero es seguro que ha sido nuevamente diezmada la confianza del electorado en sus instituciones.

Suiza impulsa piloto de identidad digital

Suiza tiene años siendo pionera en el uso de tecnología electoral, y para este año espera aplicar un piloto que le permita avanzar en la identidad digital. Se trata de usar  yun modelo basado en blockchain, es decir, una base de datos, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación. Aquí la nota.

 

El Salvador suspende modernización electoral

El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.

El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.

Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación  de resultados definitivos.

Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos.  Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.

A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.