Un décalogo sobre la transparencia electoral

De cara a las elecciones mexicanas del próximo mes, las organizaciones Integralia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron la investigación Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, que incluye un decálago para lograr comicios transparentes, donde no solo las autoridades electorales, y actores políticos tienen participación, sino que los votantes son piezas claves. Esta es la reseña.

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Observatorio Electoral Venezolano cuestiona transparencia de presidenciales venezolanas

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) emitió recientemente un informe de 50 páginas en el que asegura que las garantías para celebrar unas votaciones limpias, libres y justas se han deteriorado en los dos últimos procesos comiciales – las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en julio 2017 y las regionales de octubre del mismo año. Para la OEV lo mismo ocurrirá en 2018.

En el caso de la Constituyente, el proceso rompió con la dinámica electoral que se venía construyendo en Venezuela desde 2004 -fecha en la que se automatizó el voto- ya que las formas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cuestionadas por expertos y políticos dentro y fuera de la nación, mientras que Smartmatic, la empresa que por 14 años le proporcionó la tecnología electoral, denunció que el CNE anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema automatizado de votación.

A su vez, en los comicios de gobernadores se cometieron muchas irregularidades –todas para beneficiar a un sector político. El Observatorio Electoral inventarió las anomalías detectadas antes del día de la elección y durante la votación, mientras que el CNE al tiempo que retrasó la entrega de resultados en el estado Bolívar, anunció un escrutinio que evidenció, por primera vez desde que se automatizó el sufragio, inconsistencias numéricas en mesas, producto de la carga de actas de forma manual demostrando la manipulación del ente electoral. Smartmatic aclaró que no suministró ningún producto o servicio para esta jornada. Tampoco participó en esta nueva elección.

Con estos dos antecedentes en la mira, el OEV analizó el proceso de organización de la jornada de este domingo, encontrando que todas las etapas, desde la convocatoria hasta el inicio y desarrollo de la campaña, han estado marcadas por acortamiento de los lapsos, violaciones a la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su reglamento, por ejemplo con la eliminación de fases que en comicios previos, como las presidenciales de 2012 y parlamentarias de 2015, llevaron semanas, pero que ahora en 2018 apenas consumieron días.

“El OEV ha acumulado suficientes evidencias para señalar que se trata de un evento marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos políticos de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido drásticamente limitados por las reglas del juego impuestas por el árbitro electoral”, asevera en el documento.

Al detallar las irregularidades detectadas, la ONG destaca un cúmulo de acciones previas a las elecciones y durante su planificación que patentan las faltas de imparcialidad y transparencia de estos comicios:

  1. Inhabilitación de candidatos.
  2. Ilegalización de partidos políticos.
  3. Restricciones en la inscripción tanto dentro como fuera del país en el Registro Electoral.
  4. Aceptación de candidatos por cuenta propia y por grupos de electores para los cuales luce prácticamente imposible que hayan cumplido con los requisitos de ley para participar como elegibles.
  5. Convocatoria que irrespetó la tradición de efectuar la elección en diciembre.
  6. Eliminación de actividades del cronograma, entre las que están el catastro, uso de la tinta indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional.
  7. Acortamiento de los lapsos para las postulaciones, fase que fue resumida a 16 actividades que se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días.
  8. En el caso de las circunscripciones para consejos legislativos, se saltaron la aprobación de las estimaciones de población que debe hacer la Asamblea Nacional y aumentaron el número de diputados en siete estados.
  9. Incumplimiento en lapso de impugnaciones.
  10. Campaña electoral recortada de 96 días en 2012 a 26 en 2018.
  11. Eliminación de las auditorías del software del Sistema de Información al Elector y la de certificación del software del Sistema de Estadísticas de Participación. El primero permite guiar al elector hasta la mesa de votación donde le corresponde sufragar y el segundo mecanismo elabora en tiempo real reportes estadísticos de participación sobre la base de los electores esperados y los efectivamente registrados.

Reseñadas algunas de las fallas e ilegalidades, el OEV advierte que “las acciones y decisiones adoptadas en el transcurso del ciclo electoral no están apegadas a la legislación, lo que ha permitido al órgano de administración electoral a modificar con discrecionalidad, y cuantas veces lo requiera, el período electoral y sus distintas etapas”.

Añade que “marcan peligrosos precedentes los últimos procesos comiciales que han quebrado principios fundamentales del voto y estándares establecidos para que una elección pueda calificarse como democrática: que sea periódica, inclusiva, limpia, competitiva y que permita que los ganadores puedan ejercer el cargo para el que fueron electos. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido en los últimos eventos”, y ahora se repiten en 2018.

Con lo dicho por el Observatorio y las críticas que se acumulan a escala internacional, la preparación de la elección del 20 de mayo evidencia sin lugar a dudas que Venezuela, por decisión de sus autoridades electorales, dejó las buenas prácticas por las que era reconocida, para dar paso a comicios totalmente supeditados al poder político.

El costo de echar por la borda una de las mejores experiencias de automatización electoral en el mundo está por verse, pero desde ya se anticipa que la desconfianza ciudadana podría dar al traste con el valor del voto como principal activo de la Democracia en esa nación.

 

Fundación Internacional de Sistemas Electorales dicta pautas para auditorías

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Las garantías electorales son herramientas que permiten a un Estado y a los votantes contar con procesos comiciales seguros. Atendiendo al hecho de que no siempre están disponibles, o no son suficientes, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por su sigla en inglés) se ha dado a la tarea de concebir una guía con los puntos clave para efectuar auditorías posteriores a una votación.

El documento precisa que debido a que en muchas naciones los alegatos de fraude electoral son comunes, se hace necesario llegar a un consenso sobre las normas que deben aplicarse tanto para evaluar la necesidad de auditar un proceso electoral, como para cumplir cabalmente su revisión.

En principio, IFES aclara que no es lo mismo una auditoría que un recuento de votos, pues mientras este último implica contar de nuevo los sufragios, la primera se realiza para investigar presuntos hechos de fallas procedimentales, negligencia o fraude, lo que puede incluir un recuento, pero también los análisis de la logística, del padrón electoral y la tecnología usada, entre otros aspectos involucrados en una elección.

Al desgranar las condiciones vitales de una auditoría posterior, IFES enumera las siguientes pautas para diseñar la plataforma legal y técnica:

1.- Destaca que la auditoría de los resultados electorales se debe realizar “únicamente en circunstancias limitadas”, es decir, que responda a denuncias argumentadas con indicios y pruebas sólidas.

2.- Una de las consideraciones es que el organismo encargado de realizar las elecciones también debe ser responsable de la administración de la auditoría. Advierte que si esta entidad carece de la suficiente credibilidad o capacidad, será necesario el soporte técnico internacional.

3.- Las normas y procedimientos deben estar previamente definidos, de manera que el proceso se cumpla en estricto apego a las reglas. Advierte que los procedimientos deben ser desarrollados y compartidos con todos los interesados.

4.- IFES precisa que se hace necesario que la auditoría electoral se maneje de acuerdo a los mismos principios en materia de pruebas que rigen otras investigaciones de fraude. Especifica que el sistema electoral debe acogerse a la más estricta cadena de custodia del material electoral que a la postre puede ser evidencia. “Los organismos de investigación, incluyendo los auditores, tienen la obligación de demostrar que cada paso en el proceso de recolección, uso y preservación de evidencia concuerda con las mejores prácticas”.

5.- Se insta a incluir el derecho de apelar los resultados de la auditoría, a los fines de proteger a los demandantes contra la toma de decisiones arbitrarias, y garantizar que los fallos se basen en resultados producto de evaluaciones creíbles.

  1. La fundación recomienda activar todas las fórmulas para prevenir, identificar y mitigar el fraude y las malas prácticas electorales. Sugiere introducir revisiones antes de las elecciones. Por ejemplo, en Venezuela la práctica electoral ha generado una batería de más de 20 auditorías en todas las etapas de una elección, lo que ha supuesto que se eviten controversias, principalmente porque en cada revisión participan todos los actores políticos.

7.-  Destaca que la auditoría no debe iniciar sin que se hayan definido los códigos de entrenamiento y conducta del personal.

8.- Advierte que una auditoría puede ser un componente estándar de un proceso de certificación electoral. Por ejemplo, en las elecciones que utilizan equipos de votación electrónica, un conteo manual puede ser necesario en un determinado porcentaje de mesas. Este requerimiento ya se cumple en algunas naciones como Venezuela, donde se usan máquinas de votación que emiten comprobantes en papel del voto, y tras el escrutinio automatizado, se cuentan los sufragios en más del 50% de las mesas.

Definidas estas pautas, IFES impulsa a todos los países a definir los parámetros de la auditoría posterior atendiendo a estas condiciones que reflejan transparencia. Alega que para que la democracia tenga éxito, los marcos legales electorales deben ser respetados; los organismos electorales deben ser fuertes, independientes e imparciales; y los partidos políticos y los candidatos deben respetar el resultado del proceso de elección.