Una proclamación con sabor a derrota

Este 18 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras finalmente proclamó a Juan Hernández como presidente de esta nación. Lamentablemente, habiendo transcurrido 20 días para el procesamiento de los resultados, y tras una serie de irregularidades ocurridas,  ni electores ni observadores electorales entiendan los resultados como legítimos.

Era de esperarse. Una elección que inició con tantos problemas no podía terminar de otra forma. Cinco meses antes de los comicios –celebrados el 26 de noviembre- estalló un escándalo que empañó la credibilidad del organismo electoral, pues cuatro de las empresas encargadas de llevar adelante etapas claves de la elección, comenzaron a ser investigadas por irregularidades en la contratación.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que en las contrataciones de las empresas Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, todas relacionadas al manejo del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede), se violentaron las normas de transparencia y legalidad en contrataciones públicas.

A la fecha se conocen irregularidades tales como que el propietario de Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, tiene vinculaciones con un partido político local. Por otro lado, el contrato del Trep –el sistema que transmite vía telefónica a un centro de cómputo el resultado del conteo manual- le fue otorgado de manera directa a una empresa que tan solo tenía un mes de constituida, lo que evidencia que no tiene experiencia previa.

Además, Mapa Soluciones no estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado, no contaba con los permisos municipales, y dos excoordinadores y exasesores del TSE, hoy en día son empleados de la compañía.

Varias  de estas ilegalidades se repitieron en otras empresas, por lo que las mismas fueron suspendidas y sustituidas sin los tiempos necesarios para cumplir con los principios de transparencia y experticia que demandaba las elecciones generales de noviembre pasado.

Esta situación devino es semanas de incertidumbre por la falta de resultados electorales, lo que además provocó protestas, muertes y violencia política.

Recientemente la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe donde asegura que no tiene certeza de los resultados por la falta de garantías y transparencia, así como el grueso número de irregularidades, errores y problemas del sistema.

El organismo multilateral advirtió que el Siede “no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada”.

El TSE respondió diciendo que realizó una auditoría de más de cinco mil actas que arrojaron que Hernández ganó por una diferencia de 1,53%, pero la OEA alertó que los objetivos de la revisión “no se cumplieron ni en forma ni en fondo”.

La evidente incapacidad del TSE de garantizar la voluntad popular afectó el proceso, y lo que es peor, lesionó la credibilidad institucional y la del sistema de votación.

Ante esto, la proclamación del nuevo presidente hondureño, en lugar de representar un triunfo para el país y las democracias latinoamericanas, dejó fue un sabor a derrota.

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TSE busca imponer agenda sobre tecnología electoral en Bolivia

La tecnología puede aplicarse a todas las fases de los comicios. Foto: El Espectador.

El último proceso electoral en Bolivia, el referendo constitucional sobre la reelección presidencial de febrero de 2016, evidenció la necesidad de que el país transite hacia un modelo de votación que no lo mantenga en vilo a falta de resultados oportunos y transparentes.

Con este objetivo en la mira, la recién electa presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, anunció que en su renovada gestión buscará imponer en la agenda del organismo, avanzar en la adopción de tecnología para mejorar el sistema.

Actualmente el país utiliza dos métodos para conocer los resultados. “Uno es la transmisión rápida de datos que procesa actas fotografiadas y subidas a la página en internet del Tribunal, y el otro es un cómputo oficial de votos en cada departamento, con base en las actas físicas que pasan por un mecanismo de validación”, explicó.

Sin embargo, ninguno de estos procesos permitió el año pasado entregar un escrutinio oficial al cierre de la jornada, por lo que el país debió conformarse con los datos de las encuestas a boca de urna.

Para superar estas falencias, Uriona dijo que se encuentran analizando la eventual implementación del sufragio automatizado para los bolivianos residentes en el exterior. Específicamente evalúan la factibilidad técnica y de costos del voto electrónico, así como la reforma legal que requiere un proyecto de este tipo, para ir dando forma a lo que sería el primer modelo automatizado de sufragio para esta nación.

En ese marco, el TSE admitió que en el último proceso electoral, el equipo de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó algunas irregularidades y generó un informe con recomendaciones que están a la espera, pero según Uriona será discutido a los fines de definir un cronograma de implementación.

El texto precisa que “la misión constató lentitud en la publicación de resultados”, por lo que sugirió “realizar los cambios legislativos y aplicar los programas necesarios para que la autoridad pueda dar a conocer los resultados preliminares de la elección con alto grado de exactitud y evitar cuestionamientos”.

Los vicios mostrados durante los últimos procesos electorales parecen indicar que ya no hay margen para el titubeo o indecisión en Bolivia. El TSE ha dicho que el país está preparado para asumir el reto tecnológico, ahora debe demostrar que también hay compromiso.

 

El Salvador suspende modernización electoral

El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.

El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.

Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación  de resultados definitivos.

Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos.  Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.

A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.