El Salvador suspende modernización electoral

El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.

El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.

Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación  de resultados definitivos.

Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos.  Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.

A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.

Escándalo ensombrece preparativos de elecciones en Honduras

Foto: Diario La Prensa

Honduras celebrará elecciones generales en noviembre próximo. Los cinco meses que restan para la contienda transcurrirán bajo los efectos del escándalo que ensombrece la organización de los comicios, pues cuatro empresas claves del proceso, entre estas Mapa Soluciones, están siendo investigadas por irregularidades en el otorgamiento de varios contratos, lo que además salpica la gestión de la actual directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), es la instancia que ha ventilado el caso, donde se pone bajo duda a la compañía, y otras relacionadas, en el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede). El primero se encarga de transmitir, vía telefónica, a un centro de cómputo el resultado del conteo manual, y el segundo permite el escaneo y transmisión de actas electorales a través de internet.

Ambos modelos tecnológicos vienen usándose desde hace varios años, el Trep desde 2009 y el Siade desde 2012, con diversos problemas y generando desconfianza, pero ahora es que ha saltado a la palestra el origen de los contratos suscritos por el TSE con empresas como Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, pues el mismo violenta las mínimas normas de transparencia y legalidad en la entrega de contratos públicos.

De acuerdo a Odir Fernández, miembro  del CNA, las indagaciones arrojan que el propietario de Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, tiene vinculaciones con un partido político;  y que el contrato del Trep le fue otorgado de manera directa un mes después de haberse constituido como compañía, con lo cual no tenía la experiencia exigida por la Ley.

Igualmente el Consejo Nacional Anticorrupción adelantó que Mapa no estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado –vino a estarlo en 2012- , y no contaba con los permisos municipales, pero el TSJ no reparó en las faltas y le aprobó la contratación, e incluso le otorgó otras buenas pro para los comicios de 2013 y los de 2017.

Además llama la atención un elemento que en cualquier parte del mundo generaría, al menos, suspicacias: quienes fueron dos coordinadores y asesores del Trep, hoy en día son empleados de Mapa Soluciones.

Estas irregularidades se repiten con otras compañías, y las alarmas se encienden, porque –según el CNA- a lo largo de los años, “en diversos informes Mapa Soluciones acepta los fallos del Trep y el sistema de reconocimiento de datos, pero alega que no deben considerarse como fallas sino como errores que les sirven de experiencia para poderlos mejorar a futuro”.

Ante los hechos, el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson, dijo que si el Consejo Consultivo que integran 10 partidos políticos concluye que Mapa Soluciones no cumple con los requisitos, se tendrá que contratar otra empresa. Sin embargo, defendió al ente diciendo que ha habido un manejo mediático y político del caso, que busca afectar al Tribunal, y a la propia empresa.

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, anunció que elevará al TSE una petición sustentada para que se suprima el contrato de Mapa, principalmente por su relación con el Partido Nacional, y las fallas registradas por el sistema en los comicios de 2009 y 2013.

Atendiendo las denuncias, y el avance de las investigaciones, en Honduras la transparencia en el manejo del sistema electoral es precaria. El país enfrenta un momento decisivo: o depura los procesos de administración de contratos públicos y transforma el modelo de votación, o terminará afectando sin remedio la credibilidad de las autoridades electorales y socavando mucho más la confianza ciudadana.

Honduras experimenta con tecnología en las primarias de marzo

Foto: La Prensa

Foto: La Prensa

Honduras se prepara para usar dos tecnologías diferentes en las primarias del 12 de marzo. El ensayo determinará qué tipo de elección tendrá el país en las generales de noviembre de este año: una votación manual o el uso de dispositivos para el escrutinio y difusión de resultados.

La adopción de tecnología para mejorar la experiencia del voto, es aceptada y promovida por ser la mejor opción para elevar las garantías electorales. Sin embargo, la decisión por sí sola no basta, pues –como se repite constantemente en este blog- el proceso de escogencia y aplicación de la tecnología electoral juega un papel determinante, y en el caso hondureño, la selección del modelo de escrutinio dejó mucho que desear. Tanto, que el Consejo Nacional Anticorrupción anunció que abrirá una investigación al TSE, por supuesta compra irregular de equipos de escaneo de votos.

A la fecha, es mínima la información divulgada sobre los equipos que se emplearán y la empresa detrás de las máquinas. Las declaraciones de funcionarios y de los propios partidos han sido escasas a la hora de presentar las características e idoneidad del sistema, pero algunos candidatos, como el liberal Luis Zelaya, advierten de los riesgos.

“Lo he manifestado y se lo manifestaré a la OEA, que el primer acto de corrupción de un país son sus elecciones y por eso le exigimos a la OEA que más que un rol de ser testigos y observar las elecciones, necesitamos que se certifique el sistema de captura, transmisión y procesamiento de los datos”, señaló.

Por su parte, el magistrado del TSE, Marco Ramiro Lobo, ha dicho que “se va a implementar tecnología para que el escrutinio se practique de manera automatizada y tratar de sacar las manos del conteo por parte de los delegados de los partidos”.

Es así como los 5,8 millones de hondureños llamados a las urnas para elegir aspirantes a unos 2.990 cargos, verán como el Tribunal Supremo Electoral pondrá en marcha dos mecanismos tecnológicos.

El primero, que se usará solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula (concentran 40% del padrón) es un modelo de escrutinio llamado Reconocimiento Óptico de Marcas, que se basa en la tecnología de Lectura Óptica del Voto (LOV), que es una urna con lector óptico o escáner, que se encarga de reconocer la boleta de papel introducida manualmente en la máquina para registrar los sufragios emitidos manualmente por los electores y procesarlos.

Para llevar adelante el proceso se compraron, en medio del hermetismo, los equipos a la compañía colombiana Arolen, lo que fue enrarecido con críticas y ataques a otras empresas del sector. Al indagar sobre la trayectoria electoral de la empresa seleccionada, es casi nulo lo reseñado en la red, mientras que los servicios de seguridad son los que más oferta.

En el caso de la segunda tecnología, en el resto del país se optó por la trasmisión de resultados por medio del Sistema Asistido Mediante Tabletas, con el cual, una vez los miembros de mesa hayan realizado el escrutinio, se digitarán los resultados en el dispositivo que automáticamente los enviará al centro que totalizará los votos a escala nacional.

La poca información sobre el mecanismo de escrutinio ha generado dudas como la del diputado nacionalista Antonio Rivera y su homólogo de Libertad y Refundación, Jorge Cálix, quienes advirtieron que un método similar se usó en las últimas elecciones generales, dejando un resultado bastante negativo.

Hace tres años, el Tribunal Supremo Electoral puso en marcha un procedimiento para la transmisión de resultados (escaneo de actas), pero lo inadecuado del método dio al traste con los objetivos, y nuevamente la entrega del escrutinio fue tardía, lesionando la confianza de los electores.

Tras el repaso de lo que se espera en Honduras, y lo ocurrido en los últimos comicios, los hondureños en casi todos los procesos comiciales deben padecer y, prácticamente resignarse, a la ocurrencia de errores, así como de los vicios propios del voto manual: retrasos en la entrega de resultados; inconsistencias numéricas y actas con fallas.

En esta ocasión hay un intento por mejorar las condiciones, pero el proceso de adopción adolece de las cualidades de transparencia y seguridad requeridas para blindar el proceso, lo que puede afectar el devenir del modelo de escrutinio.