Evalúan acción legal contra urna electrónica porteña

A mes y medio de las elecciones generales de Buenos Aires (Argentina) una acción legal contra el estreno de la urna electrónica está siendo evaluada por el frente ECO que encabeza el diputado Martín Lousteau, debido a que a pocas semanas de los comicios, aún no se cumple el proceso de capacitación de técnicos y electores. El uso de este equipo fue suspendido en las internas de abril por fallas técnicas durante la implementación. Aquí la reseña.

Las dudas electorales pululan en la provincia argentina de Salta

saltaA casi un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la provincia argentina de Salta, las dudas sobre el sistema electoral no dejan de ser una constante por la urna electrónica que usa esta localidad desde hace varios años. Y es que aunado a las fallas denunciadas durante las internas del 12 de abril -así como las registradas en comicios pasados- la revisión del proceso comicial desnudó nuevas irregularidades.

Un programador llamado Javier Smaldone, logró violentar “un chip de una boleta electrónica y modificar sus registros sin dejar huellas”. La herramienta de almacenamiento formaba parte de una urna de prueba, lo que fue usado por el Tribunal Electoral de Salta para justificar la debilidad técnica.

El ente electoral, apoyado por la empresa proveedora de la tecnología MSA (Magic Software Argentina), argumentó que usan dos tipos de chip durante el proceso: uno para las boletas de práctica, y otro para el día de las elecciones, por lo que lo hecho por Smaldone no tendría impacto, ya que se trataría de una urna donde se probó el sistema, y no de las empleadas durante las primarias.

La declaración levantó fuertes cuestionamientos, pues la realidad es que los protocolos de transparencia en la aplicación de tecnología electoral exigen que en todas las pruebas se usen las mismas aplicaciones y dispositivos que se desplieguen en las elecciones, ya que de lo contrario es imposible demostrarle al electorado, así como a los actores políticos, cómo funciona el modelo automatizado de votación y cuáles son las garantías.

La auditoría del proceso tampoco fue de gran ayuda para aclarar alguna de las interrogantes que se han planteado, como por ejemplo ¿por qué se usan chips diferentes para un mismo proceso electoral? ¿es posible probar que las debilidades técnicas de las urnas de prueba no se replican en las boletas definitivas? ¿qué razones hay para confiar que los salteños han votado con los chips correctos?.

Debido a la desconfianza sembrada, el frente político Romero + Olmedo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la urna electrónica en la Corte de Justicia de Salta, ya que el próximo 17 de mayo se volverá a usar esta tecnología durante las elecciones a gobernador, vicegobernador, intendente, diputados y concejales. Las preocupaciones además trascienden a esta localidad, pues este mismo modelo de voto será usado en las generales del 5 de julio en la capital del país, Buenos Aires.

De cara a esta realidad, nuevamente los hechos se vuelven contra la urna electrónica de Salta. En muchas de las jornadas comiciales ha presentado problemas, negando al electorado contar con equipos que blinden el proceso y la estabilidad política de la región, y ahora, prácticas que pueden ser tildadas de fraudulentas afectan no solo la elección, sino la transparencia institucional.

Tecnología electoral de Salta (Argentina) vuelve a fallar

En Salta hay preocupación por funcionamiento de las urnas de escrutinio automatizado.

En Salta hay preocupación por funcionamiento de las urnas de escrutinio automatizado.

Las malas noticias sobre la boleta electrónica se han hecho recurrentes en la provincia argentina de Salta. Ya en procesos electorales de 2008 y 2013 se habían registrado numerosos inconvenientes con la tecnología empleada. Desafortunadamente, estas malas experiencias no sirvieron de escarmiento y durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este 12 de abril, múltiples fallas de las máquinas ensombrecieron los resultados de la jornada.

En las PASO, centenares de equipos presentaron diversos tipos de inconvenientes, y como cabe esperarse, dirigentes políticos denunciaron fraude y solicitaron rescindir el contrato a la compañía que se encargó de proveer y preparar la tecnología de cara a futuros procesos comiciales.

La formalización de la petición estuvo a cargo de la principal coalición opositora que encabeza Juan Carlos Romero, del Frente Renovador. En el documento entregado al Tribunal Electoral se expone que la urna electrónica “vulnera la universalidad, obligatoriedad y el secreto del sufragio y se muestra permeable al despliegue de maniobras fraudulentas…”.

Específicamente se denuncia que, por ejemplo, de las 1.188 urnas que se utilizaron en la capital Salteña, se tuvieron que sustituir 299 (25%). Además, reclaman que hubo equipos con software no autorizado que estuvieron al servicio de la elección, y que de las 5.700 máquinas empleadas, apenas se sellaron con un sistema de seguridad a 2.862. También se alerta sobre fallas de las impresoras, lo que impidió la impresión de decenas de actas de apertura y cierre, así como retrasos por una deficiente capacitación de los técnicos.

Lo ocurrido en las PASO vuelve a poner bajo observación el funcionamiento de la urna electrónica provista por la empresa local MSA (Magic Software Argentina) y, sobre todo, preocupa por el desempeño que pueda tener en las elecciones generales del 5 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se utilizará la misma tecnología, pero con más del doble de electores. Ya lo dijimos recientemente cuando en la licitación –con marcados vicios y decisiones arbitrarias- se adjudicó a MSA, a pesar de ser la oferta más costosa y contar con la menor experiencia. Además, aunque éste sistema se ofrece como voto electrónico, en realidad apenas automatiza el escrutinio, y mantiene la debilidad del sufragio manual.

La seguidilla de malas experiencias en Salta exige la revisión del sistema provisto por MSA, no solo por resguardar el voto de cada argentino, sino por la confiabilidad y legitimidad que luego reciban los representantes electos.