Escrutinio provisorio en Argentina desata polémica

Foto: El Independiente

En Argentina, en pleno proceso de preparación para las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (Paso) de agosto próximo, ha estallado lo que algunas autoridades, políticos y ciudadanos han calificado de escándalo: el otorgamiento del “escrutinio provisorio” a una empresa señalada de hechos irregulares.

Se trata de Indra, la compañía española que suma varios años adelantando el conteo electoral provisional en esa nación, y que ahora se encuentra sumida en varios sonados problemas judiciales.

La sede matriz de la empresa en España fue allanada por el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Además, la justicia de Brasil prohibió a su brazo tecnológico en ese país contratar con la administración pública.

En Argentina han llovido las críticas por la forma en que se configuró un proceso licitatorio que no permitió a sus competidores hacerle sombra.

Según reportan medios locales, el otorgamiento del contrato estuvo rodeado por una serie de sucesos dudosos como que el director de Indra, Ricardo Viaggio, es un ex empleado del Grupo Macri. Además, el proceso de selección fue delegado al Correo Argentino, y no al Ministerio del Interior o de la Dirección Nacional Electoral, el cual también regenta un ex gerente vinculado al Gobierno, Jorge Irigoin.

Más allá del presunto tráfico de influencias, además se denuncia el retraso con el que se convocó a la licitación, -a menos de dos meses de las primarias-  con lo cual cualquier otro ofertante no dispondría del tiempo para ajustarse a las exigencias del proceso, sino sólo Indra que ya ha hecho el escrutinio provisorio.

La Cámara Electoral Nacional además de cuestionar la selección de la compañía y el procedimiento empleado, criticó que el conteo esté bajo control del Poder Ejecutivo y sin participación de la justicia nacional. Por su parte, la ONG Transparencia Electoral exigió que se auditara el cómputo de los sufragios ante las irregularidades mostradas por la contratación de la empresa española.

La revisión de lo sucedido, muestra que el Poder Ejecutivo de Argentina, lejos de querer replicar las mejores prácticas de automatización, donde ninguna garantía sobra, han optado por dejar que priven intereses ajenos a la preservación del voto.

Al darle la espalda a una licitación apegada a los más elevados estándares, se hecho un grave daño a la credibilidad electoral.

Habrá que esperar para conocer las consecuencias de lo hecho en Argentina, pero es seguro que ha sido nuevamente diezmada la confianza del electorado en sus instituciones.

Usarán voto electrónico para sindicatos

En abril, el Gobierno argentino sugirió incorporar el voto electrónico, dar cumplimiento a la ley del cupo femenino del 30% y rechazar que dirigentes que estén “inhibidos penal o civilmente” integren las listas electorales de los gremios. Atendiendo la propuesta, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), elegirá autoridades mediante voto automatizado. Aquí la nota.

 

Argentina y Costa Rica retrasan la automatización electoral

mediumNaciones como Brasil y Venezuela son referencias mundiales en automatización electoral ya que suman años de exitosos procesos electorales apalancados en tecnología. En contrapartida, hay países que a pesar de sufrir las falencias y problemas del sufragio manual, han optado por dilatar el proceso de modernización de sus sistemas comiciales.

Son los casos de Argentina y Costa Rica. El primero durante 2016 avanzó en el objetivo de instaurar un sistema automatizado en el ámbito nacional, pero pese a los esfuerzos no consiguió definir el cambio; y el segundo hizo foco en la tecnología electoral, sin concretar ninguna medida.

Sobre Argentina, hay que decir que aunque pasó meses debatiendo una reforma electoral cuyo eje central era la adopción progresiva de la Boleta Única Electrónica (BUE), el proyecto fue neutralizado en el Senado.

El diario porteño La Nación, editorializó sobre el tema, poniendo de relieve las principales contradicciones de los cambios legales en materia electoral: una opinión pública que los reclame, y una clase política que los apoye. Destacó que si bien el Gobierno no generó un buen clima de opinión que presionara a los decisores, en el senado no estuvieron dispuestos a ceder “la manipulación de las boletas” que permite el voto manual.

A esto se une que la norma propuesta por el Gobierno sobre la instauración de la BUE, que es el  modelo empleado en Salta, ha tenido un desempeño bastante modesto, pues ha sembrado dudas sobre la capacidad que tiene de salvaguardar la voluntad popular.

A su vez Costa Rica decidió postergar la instauración del voto electrónico que tenía programado para 2018, debido a la falta de presupuesto. El decidió plegarse a un informe de la Dirección de Registro Electoral, donde se concluye que “no existe factibilidad económica para este proyecto al menos en el corto y mediano plazo” y que los recursos deben orientarse a otras áreas prioritarias.

Esta nación podría considerar que las experiencias de voto electrónico indican que aunque tiene una alta inversión en su implantación, representa un ahorro a largo plazo.

La apreciación parte de que se requiere desembolsar una considerable suma de dinero en la adquisición del software y hardware, formación del recurso humano y en la capacitación de los ciudadanos, pero los gastos disminuyen considerablemente debido a que los importes para los siguientes procesos se traducen tan solo en mantenimiento de la plataforma tecnológica, no en su adquisición.

Argentina y Costa Rica seguramente retomarán en 2017 el debate. Esa será la oportunidad de profundizar la discusión, porque no solo se trata de dar un paso adelante en el uso de tecnología electoral, sino que a la par se seleccione el modelo automatizado más seguro y efectivo para el país.