Las auditorías del voto electrónico en Venezuela, una forma de desmontar los mitos

En Venezuela, se venían realizando unas 19 auditorías antes y después de cada elección. En estas revisiones participaba personal técnico de todas las tendencias políticas para garantizar que ambos estuvieran seguros que la plataforma automatizada de votación funcionaría tal cual se había configurado.

En los últimos años hemos hecho referencia a la importancia de estos procesos, e incluso se ha destacado que hay dos auditorías que no requieren de conocimiento técnico: la ciudadana que permite a cada elector validar su selección al final de la jornada electoral; y la que pueden hacer los partidos políticos comparando las copias de sus actas versus las publicadas y totalizadas en la página web del Consejo Nacional Electoral.

Para conocer más de las auditorías venezolanas recomiendo la lectura del texto vinculado a este enlace, el cual presenta información que puede no ser “conocida por los electores y por ello se mantienen muchos mitos sobre el sistema electoral que no tienen ningún asidero”.

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En Venezuela repite el ventajismo y la manipulación electoral

Post de periodista venezolano explicando inconsistencia númerica en el estado Bolívar en el elecciones de gobernadores en Venezuela.

La decadencia de la institucionalidad electoral en Venezuela, ha puesto en jaque a un sistema comicial que desde 2004 fue sinónimo de exactitud: nunca había habido una inconsistencia entre el acta impresa y el acta electrónica de cada máquina de votación. Hasta que llegó 2017.

Las dos últimas votaciones realizadas en este país -elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio y de gobernadores en octubre- han sido un hito, pero “negativo”, pues en ambos eventos, tanto el ventajismo como la manipulación reinaron.

En el caso de la Constituyente, reseñamos en su momento, que el proceso rompió con la dinámica electoral que se venía construyendo en ese país desde 2004 -fecha en la que se automatizó el voto- ya que las formas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cuestionadas por expertos y políticos dentro y fuera de la nación, mientras que Smartmatic, la empresa que por 14 años proporcionó la tecnología electoral a Venezuela, denunció que el CNE anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema automatizado de votación.

Ahora, con los recientes comicios de gobernadores -realizados el 15 de octubre- se cometieron muchas irregularidades –todas para beneficiar a un sector político. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), además de sentenciar que el CNE “actuó en beneficio de los intereses políticos del Gobierno, lo cual hace legítimo que se generen dudas en sectores de la población sobre los resultados anunciados”, también inventarió las anomalías detectadas antes del día de la elección y durante la votación.

Algunos de los hechos previos abarcan  que la fecha de las elecciones se decidió de forma ilegal y arbitrariamente; se ilegalizaron 42 partidos políticos; luego de anunciar los comicios,  se demoró un mes la difusión de la fecha definitiva y la publicación del cronograma electoral; se eliminaron 33 actividades del calendario; se ejecutaron 17 actividades antes de la convocatoria de la elección; no se admitieron las sustituciones de candidatos renunciantes; se modificó el Registro Electoral fuera del lapso; sin previo aviso, el CNE eliminó 76 centros y más de 7 mil mesas, y a menos de una semana de la jornada, reubicó 274 centros, afectando a más de 700 mil electores.

Todas estas situaciones han sido abordadas por analistas en el país, que señalan que el trabajo del CNE y la conducción del Gobierno estuvo orientada a aventajar y “manipular” el proceso para garantizar una victoria oficialista, mientras que en el exterior secundan este planteamiento, por ejemplo el Grupo de Lima, integrado por 12 países, acusó irregularidades, intimidación y manipulación, por lo que exigió una auditoría de la votación.

El punto culminante de las denuncias durante estos comicios ha sido el retraso con el que CNE abordó los resultados del estado Bolívar, y el escrutinio anunciado. Tres días después de la elección dio como ganador al candidato del Gobierno por poco menos de 2 mil votos, lo que en sí mismo no reviste problema, sino que el cómputo evidenció, por primera vez desde que se automatizó el sufragio, inconsistencias numéricas en mesas, producto de la carga de actas de forma manual que evidencia la manipulación del ente electoral. Smartmatic aclaró que no suministró ningún producto o servicio para esta jornada.

De acuerdo con la denuncia del candidato opositor Andrés Velázquez, en total el CNE le sumó al candidato oficialista en Bolívar 2.066 votos  en 11 mesas (todas actas cargadas manualmente), los suficientes para que “ganara” la elección. Precisa que “11 máquinas (de votación) no transmitieron los resultados -sin explicación-y los datos se cargaron manualmente y, al hacerlo, se cambiaron”. Esta situación se resume perfectamente en un post del periodista Luis Carlos Díaz.

Un ejemplo de lo dicho es lo ocurrido en la Escuela Básica Caroní, dónde según la página del CNE, Justo Noguera, proclamado gobernador, habría obtenido 502 votos, y en el acta de escrutinio emitida por la máquina de la mesa 3 del citado centro, señala que alcanzó 138 votos, lo que da una diferencia de 364 votos no justificables.

El conjunto de los hechos llevó a la Asamblea Nacional a declarar como fraudulenta la elección,  por lo que exigió se “facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa de todo el proceso por parte de organismos internacionales y a cargo de expertos independientes”, pero el CNE consideró que el 15 de octubre se realizó “una de las mejores votaciones que haya tenido el país”.

Revisando lo ocurrido, tanto en las elecciones de la Constituyente, como en la de gobernadores, es evidente que en Venezuela se ha recurrido a abusos e ilegalidades para dar al traste con un modelo de voto automatizado que blinda la voluntad popular, basado en tecnología de punta y la presencia de testigos en todas las etapas del proceso.

El costo de este proceder ya pasa factura con la desconfianza interna y externa para con el CNE y los resultados, pero el impacto de la afectación será mucho más evidente en los siguientes comicios, tanto con la participación ciudadana, como con la posición que asuman los partidos.

Tras el daño hecho, dependerá del esfuerzo conjunto de autoridades, actores políticos y electores, que el país vuelva a contar con elecciones limpias, impidiendo que manejos interesados previos a la votación, e incluso posteriores al escrutinio, amañen los resultados.

Credibilidad electoral venezolana en picada por una Constituyente

Venezuela cuenta con voto 100% automatizado.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio en Venezuela rompió drásticamente con la dinámica electoral que se venía construyendo en ese país desde 2004, fecha en la que automatizó el voto.

Desde la forma en que se convocó a la elección de una segunda ANC -la primera se concretó en 1999- hasta el momento en que se ofrecieron los resultados, la elección recibió cuestionamientos de expertos y políticos dentro y fuera de la nación.

Para algunos la misma convocatoria fue ilegal, ya que la realizó directamente el presidente Nicolás Maduro, y sin que se efectuara un referéndum para preguntar a la nación si deseaba una nueva constitución.

Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó un calendario electoral que impedía realizar muchas de las auditorías que venían haciéndose en todas las elecciones desde 2004. Al saltarse dos tercios de la batería de 21 auditorías que se realizaban normalmente, la credibilidad de los comicios se vio seriamente afectada. En este sentido, el Observatorio  Electoral Venezolano (OEV) dejó constancia de las faltas, en un informe donde detalla que se omitieron 14 auditorías y se dejaron de hacer 70 de 100 diligencias previas a cualquier elección.

Aunado a esta realidad, los problemas se vieron agravados por la decisión de la oposición venezolana de no participar en las elecciones, pues restó una de las partes vitales para garantizar la transparencia del proceso: que las fuerzas antagonistas garanticen con sus testigos, que se respeten las reglas y procedimientos.

Las enormes preocupaciones por la forma como el CNE decidió llevar adelante esta votación, alcanzó su punto crítico 72 horas después de finalizada la jornada, debido a que Smartmatic, la empresa que por 14 años ha proporcionado la tecnología electoral a Venezuela, denunció que de acuerdo a sus estimaciones, “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Según la trasnacional, mientras la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señaló que habían votado 8,08 millones de personas, sus datos proyectan un número diferente por lo que sugirió realizar auditorías para validar la información.

A la fecha, el CNE no ha respondido de manera eficiente a la denuncia, pues optó por escudarse en un discurso político, cuando la situación reclamaba argumentos técnicos. Incluso la duda ganó terreno, pues pasadas varias semanas, el organismo no ha publicado los resultados electorales mesa por mesa, como tradicionalmente se venía haciendo desde 2004, impidiendo conocer el comportamiento de todos los circuitos, y evitando que se pueda comprobar la información para dilucidar su veracidad.

La decisión del CNE de ocultar la data electoral impide la auditabilidad del escrutinio, al no poderse corroborar el dato del conteo, contrastando las actas impresas con los resultados de las mesas.

De manera, que a las denuncias de la supuesta manipulación del dato final ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se une que más de 30 días después, siguen sin publicarse los resultados del escrutinio al detalle.

Lo delicado de esta situación, ha sido abordado por especialistas nacionales e internacionales. La ex representante del Centro Carter, Jennifer McCoy, anticipa que lo ocurrido “influirá fuertemente en la confianza de los venezolanos en participar en futuras elecciones”.

Queda entonces en manos de las autoridades restituir los procesos de Ley, y en los actores políticos la obligación de presionar para que el derecho de los venezolanos a recuperar el sistema de votación que exigió años de trabajo e inversión sea recuperado.