Costa Rica y Panamá debaten sobre el uso de tecnología electoral

En 2011, Panamá estrenó el voto electrónico en una comarca indígena.

En Costa Rica y Panamá ha comenzado la contienda sobre las futuras elecciones. Los costarricenses tendrán presidenciales en 2018, mientras que los panameños comicios generales en 2019. La proximidad de ambos eventos mantiene en la palestra el debate sobre los sistemas electorales de los que ambos disponen, siendo el voto electrónico parte de esta discusión.

En Costa Rica, el tema del voto electrónico ha tomado fuerza ya que recientemente el presidente de la directiva de la consultora Gallup en Latinoamérica, Carlos Dentón, reveló que “una tercera parte de los costarricenses no está satisfecha con la capacidad del TSE”, según la última encuesta de opinión pública de la CID/Gallup.

Advierte Dentón que la desconfianza creciente debería ser motivo para avanzar en la automatización de las elecciones en el país, y enfilar la necesidad de revisar el sistema anacrónico que posee Costa Rica, más cuando la nación ya vivió pruebas exitosas de voto electrónico.

Es importante destacar que Costa Rica postergó la automatización del sufragio  que tenía programada para 2018, debido a la falta de presupuesto. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se plegó a un informe de la Dirección de Registro Electoral, donde se concluye que “no existe factibilidad económica para este proyecto al menos en el corto y mediano plazo” y que los recursos deben orientarse a otras áreas prioritarias.

La apreciación parte de que se requiere desembolsar una considerable suma de dinero en la adquisición del software y hardware, formación del recurso humano y en la capacitación de los ciudadanos, pero el ente no estimó que los gastos disminuyen considerablemente luego de la adopción, debido a que los importes para los siguientes procesos se traducen tan solo en mantenimiento de la plataforma tecnológica, y no en su adquisición.

Por su parte las autoridades panameñas tocaron el mismo tema en el marco de un foro realizado en el Tribunal Electoral sobre la reforma para las elecciones de 2019.

Panamá probó en 2014 en un circuito el modelo de sufragio electrónico diseñado por el TSE, que reproduce características de sistemas ya probados en otros países, por lo que el experimento fue exitoso.

La dinámica de votación implica que los electores, quienes previamente validan su identidad, reciben una tarjeta que activa la máquina de pantalla táctil, que despliega las candidaturas y permite sufragar. En caso de error, hay una tecla para “limpiar” la pantalla y proceder a votar correctamente, de forma que el equipo imprime el comprobante del sufragio en papel que queda como prueba del registro electrónico del voto.

En el foro, los participantes criticaron que aunque se cuenta con una máquina desarrollada en la nación, no se ha tomado la decisión de fortalecer su desarrollo e iniciar su uso.

También se aludió a las conclusiones sobre tecnología electoral que arrojó el encuentro realizado este año por los entes comiciales de Centro América, donde se recomendó cumplir elevados estándares en las licitaciones, mantener al país informado del proceso de adopción y procurar consensos, así como garantizar una adecuada campaña de aprendizaje del modelo de votación.

Conocidas las discusiones, Costa Rica y Panamá ya saben que la tecnología electoral es la mejor aliada para garantizar los resultados comiciales, y que usarla de manera eficiente es vital para blindar el proceso y ganar la confianza de los ciudadanos. Ahora les resta tomar la decisión de cambiar para mejorar.

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El Salvador suspende modernización electoral

El Salvador, una de las democracias que demandan mayor atención en la región por la violencia política que la ha afectado durante años, ha decidido suspender el uso de tecnología para la organización de las elecciones de 2018. Esta decisión pone en riesgo la transparencia de las elecciones a celebrarse el 4 de marzo del próximo año.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la medida responde principalmente al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno. Según la magistrada Guadalupe Medina, la disminución de $14 millones 116 mil 490 a su planificación de gastos “han tocado el corazón del proceso electoral, las fibras sensibles del proceso”.

El dramatismo de la declaración obedece a que los primeros reportes del TSE arrojan que la falta de recursos afectará procesos clave de la elección: la modernización del proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, la capacitación electoral y logística electoral.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explica que se habían programado licitar la compra de un escáner para el conteo de votos, así como para continuar con la digitalización de las actas, pero el plan debió ser descartado por la falta de fondos.

Llama la atención que el gobierno de El Salvador decidiera sacrificar la modernización de la fase de escrutinio, pues en todas las elecciones recientes, como los comicios de diputados y alcaldes en 2015 y las presidenciales de 2014, problemas propios del voto manual (inconsistencias numéricas, sufragio doble, entre otros) y fallos atribuibles a las empresas escogidas para escanear las actas y transmitirlas a un centro de cómputo, obligaron al TSE a retrasar semanas la publicación  de resultados definitivos.

Cardoza advierte que tendrán que volver a contar votos manualmente y confiar que el escaneo de actas esta vez sí funcione, para evitar que se repitan todos los problemas y fallos.  Advierte que solo queda fortalecer la capacitación del personal de las mesas, pero admite que los recursos destinados a esta etapa también fueron recortados.

A la luz de las exigencias propias de un proceso electoral, e incluso de las buenas prácticas del uso de tecnología, lo sucedido en El Salvador exige revisión. Arriesgar la estabilidad política, al pasarse por alto necesidades vitales de toda elección, así como de la adopción de sistemas automatizados adaptados a sus necesidades, solo puede dejar a la deriva la voluntad popular y hacerle daño a la confianza institucional.

Escándalo ensombrece preparativos de elecciones en Honduras

Foto: Diario La Prensa

Honduras celebrará elecciones generales en noviembre próximo. Los cinco meses que restan para la contienda transcurrirán bajo los efectos del escándalo que ensombrece la organización de los comicios, pues cuatro empresas claves del proceso, entre estas Mapa Soluciones, están siendo investigadas por irregularidades en el otorgamiento de varios contratos, lo que además salpica la gestión de la actual directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), es la instancia que ha ventilado el caso, donde se pone bajo duda a la compañía, y otras relacionadas, en el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación de Resultados (Siede). El primero se encarga de transmitir, vía telefónica, a un centro de cómputo el resultado del conteo manual, y el segundo permite el escaneo y transmisión de actas electorales a través de internet.

Ambos modelos tecnológicos vienen usándose desde hace varios años, el Trep desde 2009 y el Siade desde 2012, con diversos problemas y generando desconfianza, pero ahora es que ha saltado a la palestra el origen de los contratos suscritos por el TSE con empresas como Mapa Soluciones, Geotech, Intelred y Corporación Majo, pues el mismo violenta las mínimas normas de transparencia y legalidad en la entrega de contratos públicos.

De acuerdo a Odir Fernández, miembro  del CNA, las indagaciones arrojan que el propietario de Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez, tiene vinculaciones con un partido político;  y que el contrato del Trep le fue otorgado de manera directa un mes después de haberse constituido como compañía, con lo cual no tenía la experiencia exigida por la Ley.

Igualmente el Consejo Nacional Anticorrupción adelantó que Mapa no estaba inscrita en el Registro de Proveedores del Estado –vino a estarlo en 2012- , y no contaba con los permisos municipales, pero el TSJ no reparó en las faltas y le aprobó la contratación, e incluso le otorgó otras buenas pro para los comicios de 2013 y los de 2017.

Además llama la atención un elemento que en cualquier parte del mundo generaría, al menos, suspicacias: quienes fueron dos coordinadores y asesores del Trep, hoy en día son empleados de Mapa Soluciones.

Estas irregularidades se repiten con otras compañías, y las alarmas se encienden, porque –según el CNA- a lo largo de los años, “en diversos informes Mapa Soluciones acepta los fallos del Trep y el sistema de reconocimiento de datos, pero alega que no deben considerarse como fallas sino como errores que les sirven de experiencia para poderlos mejorar a futuro”.

Ante los hechos, el magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson, dijo que si el Consejo Consultivo que integran 10 partidos políticos concluye que Mapa Soluciones no cumple con los requisitos, se tendrá que contratar otra empresa. Sin embargo, defendió al ente diciendo que ha habido un manejo mediático y político del caso, que busca afectar al Tribunal, y a la propia empresa.

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, anunció que elevará al TSE una petición sustentada para que se suprima el contrato de Mapa, principalmente por su relación con el Partido Nacional, y las fallas registradas por el sistema en los comicios de 2009 y 2013.

Atendiendo las denuncias, y el avance de las investigaciones, en Honduras la transparencia en el manejo del sistema electoral es precaria. El país enfrenta un momento decisivo: o depura los procesos de administración de contratos públicos y transforma el modelo de votación, o terminará afectando sin remedio la credibilidad de las autoridades electorales y socavando mucho más la confianza ciudadana.