En Venezuela repite el ventajismo y la manipulación electoral

Post de periodista venezolano explicando inconsistencia númerica en el estado Bolívar en el elecciones de gobernadores en Venezuela.

La decadencia de la institucionalidad electoral en Venezuela, ha puesto en jaque a un sistema comicial que desde 2004 fue sinónimo de exactitud: nunca había habido una inconsistencia entre el acta impresa y el acta electrónica de cada máquina de votación. Hasta que llegó 2017.

Las dos últimas votaciones realizadas en este país -elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio y de gobernadores en octubre- han sido un hito, pero “negativo”, pues en ambos eventos, tanto el ventajismo como la manipulación reinaron.

En el caso de la Constituyente, reseñamos en su momento, que el proceso rompió con la dinámica electoral que se venía construyendo en ese país desde 2004 -fecha en la que se automatizó el voto- ya que las formas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cuestionadas por expertos y políticos dentro y fuera de la nación, mientras que Smartmatic, la empresa que por 14 años proporcionó la tecnología electoral a Venezuela, denunció que el CNE anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema automatizado de votación.

Ahora, con los recientes comicios de gobernadores -realizados el 15 de octubre- se cometieron muchas irregularidades –todas para beneficiar a un sector político. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), además de sentenciar que el CNE “actuó en beneficio de los intereses políticos del Gobierno, lo cual hace legítimo que se generen dudas en sectores de la población sobre los resultados anunciados”, también inventarió las anomalías detectadas antes del día de la elección y durante la votación.

Algunos de los hechos previos abarcan  que la fecha de las elecciones se decidió de forma ilegal y arbitrariamente; se ilegalizaron 42 partidos políticos; luego de anunciar los comicios,  se demoró un mes la difusión de la fecha definitiva y la publicación del cronograma electoral; se eliminaron 33 actividades del calendario; se ejecutaron 17 actividades antes de la convocatoria de la elección; no se admitieron las sustituciones de candidatos renunciantes; se modificó el Registro Electoral fuera del lapso; sin previo aviso, el CNE eliminó 76 centros y más de 7 mil mesas, y a menos de una semana de la jornada, reubicó 274 centros, afectando a más de 700 mil electores.

Todas estas situaciones han sido abordadas por analistas en el país, que señalan que el trabajo del CNE y la conducción del Gobierno estuvo orientada a aventajar y “manipular” el proceso para garantizar una victoria oficialista, mientras que en el exterior secundan este planteamiento, por ejemplo el Grupo de Lima, integrado por 12 países, acusó irregularidades, intimidación y manipulación, por lo que exigió una auditoría de la votación.

El punto culminante de las denuncias durante estos comicios ha sido el retraso con el que CNE abordó los resultados del estado Bolívar, y el escrutinio anunciado. Tres días después de la elección dio como ganador al candidato del Gobierno por poco menos de 2 mil votos, lo que en sí mismo no reviste problema, sino que el cómputo evidenció, por primera vez desde que se automatizó el sufragio, inconsistencias numéricas en mesas, producto de la carga de actas de forma manual que evidencia la manipulación del ente electoral. Smartmatic aclaró que no suministró ningún producto o servicio para esta jornada.

De acuerdo con la denuncia del candidato opositor Andrés Velázquez, en total el CNE le sumó al candidato oficialista en Bolívar 2.066 votos  en 11 mesas (todas actas cargadas manualmente), los suficientes para que “ganara” la elección. Precisa que “11 máquinas (de votación) no transmitieron los resultados -sin explicación-y los datos se cargaron manualmente y, al hacerlo, se cambiaron”. Esta situación se resume perfectamente en un post del periodista Luis Carlos Díaz.

Un ejemplo de lo dicho es lo ocurrido en la Escuela Básica Caroní, dónde según la página del CNE, Justo Noguera, proclamado gobernador, habría obtenido 502 votos, y en el acta de escrutinio emitida por la máquina de la mesa 3 del citado centro, señala que alcanzó 138 votos, lo que da una diferencia de 364 votos no justificables.

El conjunto de los hechos llevó a la Asamblea Nacional a declarar como fraudulenta la elección,  por lo que exigió se “facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa de todo el proceso por parte de organismos internacionales y a cargo de expertos independientes”, pero el CNE consideró que el 15 de octubre se realizó “una de las mejores votaciones que haya tenido el país”.

Revisando lo ocurrido, tanto en las elecciones de la Constituyente, como en la de gobernadores, es evidente que en Venezuela se ha recurrido a abusos e ilegalidades para dar al traste con un modelo de voto automatizado que blinda la voluntad popular, basado en tecnología de punta y la presencia de testigos en todas las etapas del proceso.

El costo de este proceder ya pasa factura con la desconfianza interna y externa para con el CNE y los resultados, pero el impacto de la afectación será mucho más evidente en los siguientes comicios, tanto con la participación ciudadana, como con la posición que asuman los partidos.

Tras el daño hecho, dependerá del esfuerzo conjunto de autoridades, actores políticos y electores, que el país vuelva a contar con elecciones limpias, impidiendo que manejos interesados previos a la votación, e incluso posteriores al escrutinio, amañen los resultados.

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Credibilidad electoral venezolana en picada por una Constituyente

Venezuela cuenta con voto 100% automatizado.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio en Venezuela rompió drásticamente con la dinámica electoral que se venía construyendo en ese país desde 2004, fecha en la que automatizó el voto.

Desde la forma en que se convocó a la elección de una segunda ANC -la primera se concretó en 1999- hasta el momento en que se ofrecieron los resultados, la elección recibió cuestionamientos de expertos y políticos dentro y fuera de la nación.

Para algunos la misma convocatoria fue ilegal, ya que la realizó directamente el presidente Nicolás Maduro, y sin que se efectuara un referéndum para preguntar a la nación si deseaba una nueva constitución.

Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó un calendario electoral que impedía realizar muchas de las auditorías que venían haciéndose en todas las elecciones desde 2004. Al saltarse dos tercios de la batería de 21 auditorías que se realizaban normalmente, la credibilidad de los comicios se vio seriamente afectada. En este sentido, el Observatorio  Electoral Venezolano (OEV) dejó constancia de las faltas, en un informe donde detalla que se omitieron 14 auditorías y se dejaron de hacer 70 de 100 diligencias previas a cualquier elección.

Aunado a esta realidad, los problemas se vieron agravados por la decisión de la oposición venezolana de no participar en las elecciones, pues restó una de las partes vitales para garantizar la transparencia del proceso: que las fuerzas antagonistas garanticen con sus testigos, que se respeten las reglas y procedimientos.

Las enormes preocupaciones por la forma como el CNE decidió llevar adelante esta votación, alcanzó su punto crítico 72 horas después de finalizada la jornada, debido a que Smartmatic, la empresa que por 14 años ha proporcionado la tecnología electoral a Venezuela, denunció que de acuerdo a sus estimaciones, “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Según la trasnacional, mientras la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señaló que habían votado 8,08 millones de personas, sus datos proyectan un número diferente por lo que sugirió realizar auditorías para validar la información.

A la fecha, el CNE no ha respondido de manera eficiente a la denuncia, pues optó por escudarse en un discurso político, cuando la situación reclamaba argumentos técnicos. Incluso la duda ganó terreno, pues pasadas varias semanas, el organismo no ha publicado los resultados electorales mesa por mesa, como tradicionalmente se venía haciendo desde 2004, impidiendo conocer el comportamiento de todos los circuitos, y evitando que se pueda comprobar la información para dilucidar su veracidad.

La decisión del CNE de ocultar la data electoral impide la auditabilidad del escrutinio, al no poderse corroborar el dato del conteo, contrastando las actas impresas con los resultados de las mesas.

De manera, que a las denuncias de la supuesta manipulación del dato final ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se une que más de 30 días después, siguen sin publicarse los resultados del escrutinio al detalle.

Lo delicado de esta situación, ha sido abordado por especialistas nacionales e internacionales. La ex representante del Centro Carter, Jennifer McCoy, anticipa que lo ocurrido “influirá fuertemente en la confianza de los venezolanos en participar en futuras elecciones”.

Queda entonces en manos de las autoridades restituir los procesos de Ley, y en los actores políticos la obligación de presionar para que el derecho de los venezolanos a recuperar el sistema de votación que exigió años de trabajo e inversión sea recuperado.

Guía para la adopción y uso de la biometría en las elecciones

Brasil dispone de máquinas biométricas para validar la identidad de 16,4% del electorado.

La acción ilegal de votar por otros o sufragar varias veces ha alterado los resultados comiciales en muchas naciones, menguando la confianza de los ciudadanos en el sistema y obligando a las autoridades a buscar soluciones. Para combatir estos tipos de fraudes una de las alternativas que gana terreno, es el uso de la tecnología biométrica.

Mejor conocida como identificación biométrica –escaneo de huellas dactilares para corroborar la identidad -, esta herramienta pasó de ser ampliamente utilizada en el mundo empresarial e industrial -por ejemplo para controlar el acceso de personas- a ser adoptada por los órganos de administración electoral.

Atendiendo a esta realidad, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) ha desarrollado una guía para “mejorar la comprensión de las tecnologías biométricas”, pero además para ofrecer una serie de recomendaciones que buscan asegurar el proceso de adopción y uso.

En el documento, IDEA destaca que “existe un amplio consenso sobre la necesidad de la aplicación” de la biometría para la resolución de delitos electorales asociados exclusivamente al voto doble y la usurpación de la identidad, pero advierte que el compromiso de las autoridades comiciales por contar con un Registro Electoral depurado -sin fallecidos, menores de edad o inhabilitados- es vital para elevar las garantías electorales relacionadas al padrón.

Partiendo de esta distinción, la organización elaboró un compendio de recomendaciones para una adopción segura y acorde a las exigencias de cada país. El texto inicia por sugerir una suerte de diagnóstico para determinar los problemas y características del sistema de votación e identificación, a los fines de escoger la tecnología biométrica que permita erradicar los inconvenientes.

IDEA llama la atención sobre la necesidad de no aumentar las barreras que suelen imponer los sistemas para la inscripción de electores. Precisa que la biometría busca resolver fallas e irregularidades a la hora de votar, no mejorar la tasa de registro, por lo que se deben eliminar los obstáculos que mantienen rezagado al padrón.

Para minimizar el riesgo en el uso de identificación biométrica, el Instituto advierte que al igual que para la aplicación de otras tecnologías, se requieren pruebas, campañas de información y capacitación, así como la adecuación de sus características a las necesidades de cada país.

“La tecnología biométrica puede funcionar incorrectamente, especialmente en condiciones medioambientales especiales o cuando la infraestructura necesaria está limitada”, reza el documento, por lo que además advierte que probar su uso y emplear el tiempo que sea necesario para su uso es fundamental para una adopción segura y óptima. La introducción gradual suele ser la mejor opción.

IDEA también alude a la necesidad de tomar en cuenta los costos no solo de adquisición, sino de mantenimiento, para evitar un perjuicio financiero y daño en la confianza hacia los entes electorales.

Atendiendo a la propuesta de IDEA, vale destacar que actualmente son varios los países que pueden servir de ejemplo a las naciones que no tienen herramientas para validar la identidad de los votantes, pues las empresas expertas en tecnología electoral han diseñado dispositivos o máquinas de votación que brindan la posibilidad de cumplir la premisa: un elector, un voto.

Dos casos destacados de la región son Brasil y Venezuela, países que lideran en el uso de la tecnología electoral en América Latina, al contar con modelos de voto electrónico que incorporan la identificación biométrica.

El gigante suramericano dispone de máquinas con teclado numérico que registran las huellas previo a la votación, mientras que en Venezuela se cuenta con un Sistema de Autenticación Integral (SAI), mecanismo provisto de captahuellas (identificadores biométricos) que permiten que la máquina de votación solo pueda ser desbloqueada tras la autenticación biométrica de los electores.

Con el uso de la tecnología se puede dejar claro que protegiendo la identidad de los electores, se está protegiendo al voto.