América Latina se decanta por un modelo de voto electrónico

El Registro Electrónico Directo es una tecnología que permite al elector marcar los votos en una pantalla táctil o equipo con teclado.

El Registro Electrónico Directo es una tecnología que permite al elector marcar los votos en una pantalla táctil o equipo con teclado.

Un estudio realizado en Perú por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), muestra cómo la tecnología electoral avanza a paso firme en la mejora de las prácticas comiciales, y además en el fortalecimiento de las garantías que los países y sus ciudadanos requieren para acudir las urnas.

El documento, aunado a destacar que hay “un consenso internacional respecto de la necesidad de implementar de forma gradual y cuidadosa determinadas soluciones tecnológicas orientadas a la automatización de los procesos electorales”, también exalta la penetración del voto electrónico en América Latina, y pone de relieve cómo un modelo automatizado, el Registro Electrónico Directo (Direct Recording Electronic, DRE), lidera la aplicación en la región.

De acuerdo a las indagaciones de la Onpe, países como Brasil y Venezuela -con amplia aplicación del voto electrónico-, así como México (estado de Jalisco) y Perú -con prototipos de sufragio automatizado-, se han decantado por el DRE en lugar de otras modalidades, por beneficios que van desde el fácil uso y adaptabilidad, a la posibilidad de blindar cada etapa del proceso (auditorías) y el potencial de poder automatizar 100% el sufragio (identificación del lector, captación del voto, conteo, totalización y transmisión de resultados).

Este sistema consiste “en marcar los votos directamente en un aparato electrónico mediante una pantalla táctil, botones para presionar o un instrumento similar. La información sobre la votación se almacena en el disco duro de la computadora, en un disquete, disco compacto o tarjeta inteligente”. Se diferencia de otros modelos, ya que transmite los sufragios en conjunto al cierre del proceso, por lo que no requiere conectividad a redes durante los comicios, y viabiliza un escrutinio rápido y seguro al término de la jornada.

Una ventaja que ofrecen algunos DRE, es la de emitir un comprobante en papel de voto, característica denominada “verificación en papel para el elector” (Voter Verified Paper Trail o VVPT); el cual representa un valioso mecanismo que permite al elector comprobar en tiempo real que el sufragio registrado en el equipo, es igual al impreso por la máquina. Esta opción habilita la posibilidad de cotejar los votos impresos con el conteo automatizado reflejado en las actas, ya sea al cierre de la jornada o posteriormente.

La Onpe también alude a que diversas naciones, como por ejemplo Colombia y Ecuador, evalúan actualmente implementar un modelo de voto electrónico basado en el DRE, aunque también estudian el llamado LOV (Lectura Óptica del Voto), que se basa en el uso de una urna que dispone de un lector o escáner para identificar las boletas y procesar los sufragios a fin de contarlos automáticamente, con lo cual es más bien un equipo que automatiza el escrutinio. En la región, el único país que ha marcado distancia y usa parcialmente esta última tecnología, es Argentina.

Tras el recuento, el estudio deja constancia que la tecnología electoral está disponible, y que existen variadas experiencias exitosas de su aplicación, pero llama la atención en la necesidad de que las naciones dispuestas a modernizar su sufragio, sigan protocolos para garantizar una adopción segura y transparente, y no sumarse a la lista de naciones cuyas autoridades arriesgan el voto, al sucumbir a los intereses de pocos.

Scytl en Ecuador y México: se repite el guión?

México y Ecuador en problemas por mala decisión electoral.

México en problemas electorales.

La empresa española Scytl parece estar desarrollando un potente imán para atraer controversias de la misma calidad del que utilizó en 2014 para seducir a empresarios como Paul Allen y a grupos de inversión como Vy Capital, y recaudar millones de dólares en ruedas de inversión.

Y es que una peligrosa combinación de incompetencia, arrogancia y descaro, le ha llevado a protagonizar alrededor del mundo varios escándalos en un plazo bastante reducido de tiempo. Tan solo en 2014, Canadá, Noruega, Perú, y Ecuador vivieron de primera mano la “experiencia” Scytl.

Llegó el 2015, y le tocó el turno a México. El Instituto Nacional Electoral (INE) contrató esta empresa española el pasado 30 de septiembre de 2014 para proveer un sistema de contabilidad en línea de los partidos políticos que incluía tres módulos: Contabilidad, Fiscalización y Transparencia.

A partir del 14 de diciembre comenzaron a prenderse las alarmas cuando la española no hizo entrega en el plazo establecido del primer módulo del sistema de contabilidad. Desde entonces, lo que ha venido sucediendo guarda una pasmosa similitud con lo ocurrido hace un año en las elecciones seccionales de Ecuador, cuando Scytl fracasó en su intento de ofrecer resultados electorales oportunamente. No se trató de unas cuantas horas de retraso. A Scytl le tomó semanas entregar el resultado que había ofrecido para la misma noche de la elección.

Tras un mes de retraso en la entrega de los resultados de las elecciones en Ecuador, el incumplimiento de Scytl a sus obligaciones era más que evidente. No obstante la empresa se resistía a reconocer sus fallas y señaló al ente electoral ecuatoriano como el culpable. Hasta el día de hoy, su página web muestra la experiencia ecuatoriana como un rotundo éxito. La semana pasada en México, ante la decisión de rescindir el contrato de servicios, la empresa reaccionó de igual manera: lavándose las manos.

Pero las coincidencias no terminan ahí, con una simple pero comprometedora falla de servicio. Pasado más de un mes de las elecciones, el Consejo Nacional del Ecuador (CNE) tomó cartas en el asunto, y procedió a declarar a Scytl como contratista incumplida, terminó unilateralmente el contrato de servicios y pasó a cobrar las garantías correspondientes.

A través de su vocero, el CEO de la compañía –Pere Valles – mostró su sorpresa ante las actuaciones de los oficiales ecuatorianos, y amenazó con tomar acciones legales. Cabe preguntarse, ¿será coincidencia o es que hay aquí un Modus Operandi? Justamente esta semana, tras el anuncio del INE, Pere Valles mostró su sorpresa y lanzó una contundente amenaza a las autoridades mexicanas.

En Ecuador (2014), Pere Valles, ante el estupor de la opinión pública, acusó a Domingo Paredes, presidente del organismo ecuatoriano en aquel entonces, de tener un arreglo con otra empresa contratista. “Creemos que (la decisión) obedece a intereses del presidente del CNE de trabajar con otro proveedor”, dijo a Efe el director ejecutivo de Scytl.

En esta ocasión, Scytl insinuó de una manera bastante directa, en el programa de Carmen Aristegui que transmite Noticias MVS, que las motivaciones del INE al cancelar el contrato eran políticas.

Pasará el tiempo y veremos. INE se defiende mostrando el contrato de servicio y explicando por qué procedió a terminarlo. Por ahora, esta amenaza de Scytl no parece más que una manera de intimidar a los organismos electorales, y tratar de salvar su nombre en otras latitudes donde esta historia, que empieza a convertirse en ritornelo, probablemente no saldrá a la luz pública.

Una zancadilla pone a prueba la institucionalidad del CNE ecuatoriano

CNEUna crisis de credibilidad es lo que vive -desde este viernes- el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, luego que la directiva recién nombrada fuera prácticamente impulsada a abandonar sus cargos, debido a la sorpresiva renuncia de una de las Consejeras por tener afiliación política.

El CNE transitó ocho días con una directiva -presidida por Paul Salazar- que puso en la palestra la necesidad de llevar adelante una reforma integral del Código de la Democracia. Sin embargo, en lo que parece una jugada político-partidista, la recién incorporada consejera Gloria Toapanta renunció, ya que es militante del partido Alianza País, lo que la limita a ejercer el cargo.

Aunque el abandono de la consejería no debió alterar la composición de la directiva, tanto Salazar y el vicepresidente Mauricio Tayupanta decidieron poner a la orden del resto de los miembros del CNE los cargos para los que fueron nombrados, mientras se llenaba la vacante dejada por Toapanta. La situación, lejos de resolverse de forma transparente y apegada a las normas, devino en un proceso que ya cuenta con recursos legales en contra, pues al tiempo que se ocupó el cargo de manera sospechosa, se nombraron nuevas autoridades.

La reseña de los medios de comunicación muestra que tres personas se consideraron aptas para ocupar la vacante: Solanda Goyes y Mónica Rodríguez, ambas suplentes desinadas en el concurso realizado -en diciembre pasado- por el Consejo de Participación Ciudadana y en el cual resultó ganadora Toapanda. Además Ana Marcela Paredes, primera suplente del proceso de 2011, también solicitó su incorporación.

Según el artículo 20 del Código de la Democracia (CD), la renuncia de un consejero principal será llenada con el suplente del mayor puntaje del concurso que lo eligió, en este caso el realizado en 2014.

Atendiendo a esto, Goyes, que obtuvo 88 puntos en el concurso del año pasado reclamó ser la primera suplente, pero los consejeros del CNE -con el voto salvado de Salazar-, votaron a favor de Paredes, quien salió electa suplente en 2011 con 77.75 puntos. La afectada solicitará una acción de protección y actuará contra el nombramiento.

Vistos los hechos, la entrada de Paredes abrió el paso al nombramiento de Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís, quienes fueron designados presidente y vicepresidenta del CNE respectivamente. Tras la situación, diversas personalidades, entre los que se encuentra el ex miembro del CNE, Fausto Camacho, fustigaron que varias instituciones del Estado se unieran para contravenir la ley, y este último anunció que ejercerá una acción legal.

Aunque Pozo se defendió de las críticas asegurando que el CNE “no es un consejo de repartos”, el ente ahora enfrenta una crisis institucional que pone en peligro no solo el futuro del organismo, sino las garantías electorales del país, pues Ecuador está inmerso en un proceso de modernización del sufragio, al encontrarse evaluando la tecnología que permitirá automatizar el voto.

La fragilidad institucional del CNE puede ser el obstáculo no solo del desarrollo electoral, sino de la preservación del sufragio. Es el turno de las instancias jurisdiccionales de activar los mecanismos que permitan conjurar lo que a todas luces se ve como una zancadilla política.