Las reformas electorales son un tema álgido en todo el mundo, debido a que los cambios pueden afectar derechos políticos claves para la democracia. En esta situación se encuentran varios países de Latinoamérica, donde algunas naciones han realizado recientemente modificaciones a las leyes que rigen sus votaciones, como el caso de México y Panamá, y otros trabajan para aplicar ajustes, como Colombia y Honduras.
La revisión de los cambios, evidencia que en México, el llamado plan B (reforma de tres normativas comiciales y el visto bueno de una nueva), ha generado un fuerte debate y acciones legales, por lo que su aplicación está en suspenso, mientras en junio próximo se realizarán elecciones en el estado de México y Coahuila.
Las razones por las que la reforma mexicana ha levantado rechazo, pasan por la eliminación de cargos, reducción de salarios y supresión de funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), como su capacidad de fiscalizar a los candidatos que quebranten las leyes electorales. Sin embargo, también hay que decir, que con la aprobación del voto por internet para los mexicanos residentes en el exterior, el uso de esta tecnología ha conseguido buena aceptación, por lo que el sufragio remoto puede ser la puerta de entrada para la automatización de las elecciones en este país.
A diferencia de México, en Panamá la reforma electoral aprobada tuvo amplio consenso. Entre las áreas modificadas están las funciones de las Fiscalías Administrativas Electorales; la inscripción de miembros de los partidos: la supresión de gravámenes e impuestos de variadas importaciones de los entes comiciales; el financiamiento público de los partidos y elementos del escrutinio en las mesas.
En el caso de Honduras las fricciones políticas mantienen en suspenso las reformas. Al momento, la segunda vuelta presidencial y separar las elecciones concentran las discusiones, pero en un país con severos problemas sociales y una democracia frágil, la amplitud y transparencia del debate es lo que podría permitir mejoras y que la modificación no se quede en el tintero. En 2019 los cambios no llegaron a concretarse.
Finalmente Colombia ha anunciado que este mes nuevamente su Código Electoral entra a debate en el Senado. Esta nación lleva un largo recorrido tratando de modernizar su sistema, ya que cuando finalmente logró contar con un nuevo instrumento legal electoral en 2020, la Corte Constitucional lo rechazó por elementos procedimentales, y luego el texto se mantuvo engavetado.
Pese a esto, la normativa vuelve a la palestra y puede darle al país neogranadino el piso legal para llevar adelante cambios en las reglas de postulación, identidad, organización, paridad, al mismo tiempo que habilita novedades de orden técnico como el uso de la tecnología electoral con el voto electrónico y un software para el escrutinio.
Con estos avances y cambios en materia de modernización electoral, parte de los gobiernos de Centroamérica y Suramérica podrían seguir la senda para convertirse en referencia mundial.
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